Tercera edición del Taller del Poder Constituyente

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Taller sobre poder constituyente y libertades políticas

Tabacalera. 30.mar.2014 en el Foro Social Mundial de Madrid de 2014

La semana anterior a la impartición del taller, los medios de comunicación se hicieron eco de forma marginal, de un estudio de Cáritas, una organización nada sospechosa de subversiva o radical, cuyas conclusiones expresaban que en España la pobreza infantil alcanzaba al 30% de esa población. Inmediatamente tanto el estudio como la organización que lo elaboró fueron techados por el gobierno de mentirosos. Naturalmente la cifra antes expuesta constata además unas enormes carencias en toda la población adulta de la que dependen estos menores. Esta realidad tan pavorosa, nunca imaginada hace unos años en nuestro país, provoca dos respuestas antagónicas en la sociedad. Para la mayor parte del pueblo que sufre las consecuencias de la estafa financiera, se ahonda en la perplejidad y el estado de shock ante la visión del aumento de las desigualdades, el derroche institucional, la mala administración y la corrupción, las subidas de precios de productos y servicios básicos y el aumento de los beneficios para las grandes compañías privadas y para los especuladores. Para una minoría concienciada y activista, la respuesta es la auto-organización y la lucha por solventar las prioridades: surgen los grupos de vivienda, los grupos de ayuda vecinal, los roperos gratuitos los mercados de intercambio, las monedas alternativas,, etc o luchas más generales de tipo político y económico como la PAH o el 22M que parten de que realmente es posible cambiar el estado de las cosas presionando al sistema y denunciando sus contradicciones.

Sin embargo tras varios años de lucha en las calles y plazas, miles de manifestaciones, alguna huelga, cientos de miles de euros en multas soportadas por activistas o viandantes, decenas de procesos por soportar la violencia policial, y algunos condenados ¿se está comprobando que existe la posibilidad de que la lucha política pacífica sirva realmente para revertir la situación?¿Como es posible que las acciones emprendidas, la denuncia de la realidad que vivimos no produzca ninguna erosión en el sistema?.Realmente existe una gran frustración por esta cuestión. Mientras el sistema permite ampliamente el ejercicio de las libertades civiles que son aquellas que protegen nuestra vida privada como son elegir ocupación, elegir nuestro estado civil, nuestra residencia, la religión que profesamos y protegen la propiedad privada, coarta, otras libertades individuales que se expresan colectivamente, como la libertad de expresión, las de reunión y manifestación, la de afiliación o la libertad de prensa. Pero además restringe hasta la caricatura cuando no prohíbe directamente las libertades políticas que son aquellas que nos deberían proteger como ciudadanos y nos permitirían controlar la acción del gobierno y los funcionarios.

Como veremos, la Constitución del 78 recoge muy pocas de estas libertades y además su desarrollo posterior y su articulación con el régimen político imperante en la práctica las restringe cuando no las inutiliza. Para aquellos que aún creen que vivimos bajo el amparo del artículo primero de esta Carta Magna cuando afirma “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” tenemos una mala noticia: esto es una gran mentira. La soberanía nacional es la autoridad superior de elección sobre el gobierno y sobre las leyes, de donde nace el poder constituyente que es el poder primigenio para legislar, la fuente del derecho. Y este poder puede ser ejercido cuando, donde y de la manera que el pueblo considere oportuno. Ese es el principio de soberanía. Pero una reglamentación torticera, perfectamente estudiada para subvertir los preceptos constitucionales ha devenido en un sistema de poder que nada tiene que ver con la soberanía popular. Cuando desde los partidos se plantea la necesidad de la reforma constitucional no se habla de un proceso constituyente, sino de una reforma aislada y única, sin medios que posibiliten la participación popular. Reivindicamos el derecho al ejercicio de toma de decisiones políticas en todos los ámbitos y de manera permanentes con criterios de inclusividad y subsidiaridad.

Muy al contrario, el régimen político ha devenido en una partitocracia, en la que las élites son las únicas autorizadas para tomar decisiones políticas, lo que produce un sistema que podríamos nombrar como demo-democracia, haciendo un juego de palabras que quiere realizar un símil con esos programas de software que es posible obtener de manera gratuita pero a los que les faltan funciones esenciales para poder ser utilizados (no podemos guardar los cambios, no podemos imprimir, etc) y sólo nos permiten poder imaginar lo que podríamos ser capaces de hacer con ellos, pero nunca hacerlo realmente.

Frente a este estado de cosas, queremos el pleno ejercicio de todas las libertades que ya existen o seamos capaces de imaginar, que permitan la transparencia y el control popular del sistema político, que garantice que las decisiones son tomadas por aquellos a los que interesan o afectan.

Estas libertades se caracterizan por su horizontalidad, es decir, pueden ser más cercanas o lejanas a las personas afectadas por las decisiones. Así las más horizontales pueden ser consideradas las decisiones tomadas en asambleas o Concejos Abiertos. Otras herramientas menos horizontales pero enormemente participativas son la Planificación y los Presupuestos Participativos en los que ya intervienen los técnicos, funcionarios y representantes. También se toman decisiones políticas, en los referendums vinculantes pero son herramientas muy condicionadas , restringidas y no abiertas a la deliberación y el consenso. La Iniciativa Popular, en todas sus modalidades, puede constituir una de las vías válidas para la reforma del sistema y la participación permanente, mediante un cambio legislativo que la convierta en una herramienta efectiva para la toma de decisiones por el pueblo soberano. Debería acoger decisiones como la revocación de cargos públicos, la derogación o ratificación de leyes, decretos y tratados internacionales , la convocatoria a Asamblea Constituyente o la reforma constitucional y la participación o no en conflictos bélicos. La ILP en nuestro país se encuentra enormemente restringida, y no es realmente una herramienta abierta a la participación popular, sino controlada por el Parlamento. La otra libertad política no prohibida, es la elección de representantes, que es la forma de constituir y renovar el poder político del Estado. El análisis de cómo la reglamentación y los usos políticos ha degradado esta libertad política saca a la luz la perversión del régimen actual.

Taller del Poder Constituyente

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