Propuestas argumentadas subgrupo Sistemas Financieros Sol

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1) Que la crisis la pague quien la ha creado. Someter a referéndum vinculante las opciones de un eventual rescate bancario o cualquier medida o recorte impuesto por organismos como Fondo Monetario Internacional, banco Central Europeo; Comisión Europea) que afecte a la soberanía del país.

El rescate consiste en dotar de crédito a un Estado cuando este se encuentra en graves problemas de financiación o en amenaza de tenerlos. El país que recibe la “ayuda“ se compromete a llevar a cabo estrictas medidas económicas y aceptar que la nueva deuda tiene carácter preferente.

El dinero que recibe un estado debería ser dirigido a dar liquidez a la economía real, financiando la deuda pública adquirida con resultado de los gastos en la sociedad. Ante lo cual debemos saber que España no tiene un problema de deuda pública, sino privada. La deuda pública española es inferior a la media Europea lo que indica que nuestra economía no es insolvente. Sin embargo la deuda privada producto en gran medida de actividades especulativas, si es elevada.

Así, los que han generado y se han beneficiado de la deuda privada, bancos y empresas, recibirían dinero para pagar a sus acreedores, principalmente bancos alemanes, convirtiendo la deuda privada en deuda pública, que han de pagar los ciudadanos, a través de la imposición de medidas de recorte y austeridad.

A cambio del rescate y aún sin recibirlo los país están aceptando una política económica común, determinada por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, donde los estados se comprometen a establecer por ley o incluso constitucionalmente una serie de medidas.

Estas medidas dirigidas a aumentar la competitividad y la estabilidad financiera, se basan en reducir el déficit del estado a través de la reducción de los gastos así deciden recortar los derechos y los salarios de los trabajadores, privatizar empresas y servicios, aumentar los impuestos indirectos y reducir el gasto público, olvidando que todo ello reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos lo que perjudica directamente a la pequeña y mediana empresa (mayores generadores de empleo en nuestro país), que depende directamente de la demanda de bienes y servicios de los ciudadanos, al tiempo que beneficia a las grandes empresas con negocios internacionales, mucho menos vulnerables a la insolvencia de las familias.

Pero nada dicen, estas medidas, de reducir el déficit aumentando los ingresos con una política fiscal progresiva y con un control estricto del fraude fiscal. Para posteriormente utilizar estos ingresos de forma eficiente y transparente en reactivar la economía, a través de políticas expansivas.

Tampoco exigen responsabilidades, ni control al sistema bancario, principal responsable de la crisis y de la acumulación de deuda, que usó los ahorros de sus clientes y el dinero público recibido para financiar actividades especulativas y que creó junto con las empresas del sector y los políticos responsables, la burbuja inmobiliaria especulando con el precio de la vivienda principal motivo de endeudamiento de las familia (el precio de la vivienda entre 1995 y 2008 un 115%). No se le obliga a la regulación de su actividad y a cumplir con su función de financiar a familias y empresas. Por el contrario siguen recibiendo dinero público del Banco central Europeo a interese muy bajos con el que compran deuda pública del estado español a altos intereses, aumentando su capacidad de presión sobre los estados.

Rechazamos estas políticas de austeridad que en lugar de preocuparse de la regulación de los mercados se preocupan de su fortalecimiento, permitiendo que el dinero público se siga utilizando para actividades especulativas en lugar de para activar la economía real y que permiten un aumento de las rentas de capital a costa de las rentas de trabajo.

Rechazamos estas políticas de austeridad y el rescate por ser un ataque a la soberanía de los estados al ser impuestas contra los interese de su población y por haber demostrado su ineficacia en la reducción de la deuda pública y el crecimiento económico.

2) Paralización inmediata del expolio y la privatización de las Cajas de Ahorros. Utilización de las mismas para reforzar un sistema financiero público bajo control social, junto con el ICO y junto con toda entidad que haya sido rescatada con fondos públicos.

En primer lugar, creemos que debe haber una banca pública. La banca es un servicio público esencial que maneja además un monopolio de los Estados, cual es el dinero. Cuanto menos, una banca pública puede ser referente y contrapeso frente al interés privado y especulativo.

Como ciudadanos también queremos el derecho a manejar nuestro dinero en una entidad bajo un control social y democrático.

En esta crisis, como en otras, quienes la provocaron pretenden salir con un nuevo bocado al patrimonio público. El bocado más sustancioso sería casi la mitad de nuestro sistema bancario con el que sueñan desde hace muchos años. Todo ello se está produciendo con oscurantismo y sin un debate público que la importancia del tema merece.

En un contexto de hegemonía de las teorías neoliberales en economía, los gestores, autoridades, reguladores, y supervisores, han facilitado los muchos errores que las Cajas han cometido en su reciente afán por parecerse a los bancos. Deberán exigirse responsabilidades a las autoridades autonómicas que gestionaron mal, pero eso no puede ser excusa para desmontar un servicio que en su historia ha dado muchas menos crisis que los bancos. Ahora se pretende nacionalizar las pérdidas y privatizar los beneficios, pues los activos basura se los quedarán las Cajas y los rentables pasarán al banco creado.

En el peor momento para vender, el valor de las Cajas es de saldo, y por tanto privatizarlas es un expolio. Los inversores internacionales pretenden pagar mucho menos que su valor real. El Banco de España fuerza esa privatización mediante la exigencia de condiciones de capital, en caso de no privatizarse, más gravosas que a los bancos privados. Se demoran incluso las ayudas públicas del FROP para facilitar la privatización de Caja Madrid. Aún estamos a tiempo de parar este atropello de una Caja que dicen que ha ganado en el último trimestre 200 millones de euros.

En la actual situación de crisis se pone en evidencia la necesidad de que el Estado asuma la función de dar crédito a la economía productiva que no está dando hoy el sector privado. Para ello, las Cajas nacionalizadas serían canalizadoras del crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Todo ello aprovechará la conexión con el tejido social que fue el origen de las Cajas de Ahorros, porque estas no se han limitan a la obra social, sino que también se extienden a la actividad financiera de servicio público como entidades de proximidad (menos rentable para los bancos). Recordemos que en el pasado había una banca pública (Argentaria) perfectamente rentable.

En ese sector público bancario se incluirá también a toda entidad financiera que sea rescatada o financiada con Fondos Públicos.

Todo ello exige una gestión pública, pero no con reparto de puestos, sino con una gestión profesionalizada bajo control social y que opere bajo los principios de transparencia y participación democrática.

3) Subordinación del poder financiero al democrático, transparencia, y control democrático de las actividades bancarias públicas y privadas: *Separación de actividades de inversión y especulativas. *Exigencia de responsabilidades penales y patrimoniales a gestores financieros, agencias de calificación e instituciones, tales como Banco de España, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional.

La Constitución española de 1978 garantiza en su Preámbulo la existencia de “un orden económico y social justo” es decir, que los poderes públicos se comprometen a asegurar la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos mediante la eliminación de los obstáculos que se opongan a ello. El ministerio fiscal, como representante del Estado, tiene que garantizar este orden económico justo. La Constitución añade que se pueden “ampliar las esferas de participación ciudadana en mayor número de ámbitos de la vida social o específicamente en aquellos en los que se dilucidaran aspectos de sensible interés general”. Por lo tanto, los ciudadanos tienen derecho a impulsar y abrir un proceso cada vez que el interés general se encuentre amenazado.

Sin embargo, en las últimas décadas se han multiplicado los casos de impunidad de grandes bancos y empresas. El primer motivo es que el Ministerio Fiscal, en lugar de proteger el interés general, se alineaba con los intereses de las entidades imputadas. En segundo lugar la interpretación desarrollada desde la jurisprudencia se ha hecho cada vez más permisiva con los delitos económicos. La acción popular es el único recurso con el que cuenta el pueblo para salvaguardar el interés colectivo. Sin embargo esto se ha hecho cada vez más difícil ya que la definición de interés general ha sido manipulada y restringida a favor de objetivos particulares, mientras que el poder jurídico ha imposibilitado el desarrollo de acciones populares. En resumen, los poderes económicos y financieros se han hecho inocuos a las leyes.

Por lo tanto queremos, como estipula la Constitución, recuperar el control democrático sobre dichos poderes. Este control se concreta en la separación de las actividades de banca comercial y de banca de inversión y seguros. La banca comercial gestiona los depósitos de los ahorradores, generando un beneficio que revierte en la sociedad y que por lo tanto consideramos útil y necesaria. Por el contrario la banca de inversión y seguros centra sus actos en la generación de capital improductivo para el conjunto, basándose en la especulación con los depósitos de los ahorradores para el enriquecimiento de particulares en operaciones del mercado financiero. Esta medida significa entonces proteger los depósitos del pueblo del riesgo del mercado.

Además de proponer medidas como las anteriores que mejorarán el funcionamiento del sistema y hacen que el poder democrático prevalezca, es necesario pedir responsabilidades.

Uno de nuestros objetivos son las agencias de Calificación de Riesgo. Estas entidades son las encargadas de valorar el riesgo económico y financiero de las cuentas, las operaciones y las actividades de los capitales de bancos y agencias financieras. A su vez, dichas agencias son sufragadas por las mismas entidades a las que auditan. Por lo tanto se ha generado una corriente de clientelismo en favor de los intereses de las entidades bancarias y financieras, sin que exista un control independiente y soberano de los diferentes movimientos de capitales y productos financieros.

Las instituciones como el Banco de España, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, encargados de la regulación del sistema, no supieron o no pudieron o no quisieron realizar adecuadamente sus funciones. Todos aquellos que hayan participado con alevosía y premeditación en este proceso han de ser penalizados y castigados.

4) Abolición de los paraísos fiscales: * Persecución de la fuga de capitales españoles mediante sanciones a toda empresa que trabaje en paraísos fiscales.

Los paraísos fiscales son aquellos territorios que ofrecen un régimen fiscal mínimo a las personas y empresas no residentes en dicho país. Esa falta de tributación, que facilita la fuga de capitales, los ha convertido en un problema global para el futuro del Estado del Bienestar, ya que la pérdida de recaudación mundial se cifra en 1,2 billones de dólares al año* (cifra cercana al PIB anual de España). Las multinacionales y los bancos son los que más usan estos mecanismos. En nuestro país, la recaudación por el impuesto de sociedades se ha desplomado un 55% entre 2007 y 2009, pese a que los beneficios de las grandes empresas han crecido un 14% en el mismo período. Por tanto, son los ciudadanos y PYMES los que quedan en situación de sostener al Estado con sus impuestos.

En los últimos 30 años el número de paraísos fiscales ha crecido de 25 a 72. Mecanismos como cuentas bancarias secretas, creación de sociedades intermedias, utilización de sedes sociales 'fantasma', creación de franquicias locales y fideicomisos facilitan ese escape para el sistema.

El secretismo y la impunidad es la norma, además de tratar de impedir la cooperación con las autoridades fiscales de otros países.

En el caso español, según un estudio reciente del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, un 82% de las empresas del Ibex 35* tiene presencia en paraísos fiscales y no informa de cuáles son sus actividades en ellos. Dichas empresas nacionales gestionan su presencia a través de 272 sociedades en 27 países. En los 9 primeros meses de 2010 los depósitos españoles en paraísos fiscales fue el doble que la realizada en 2009.

Hay que señalar que territorios fronterizos con España como Gibraltar o países de le UE como Austria y Luxemburgo permiten una opacidad de cuentas superior al 95%. Estados europeos como el Reino Unido cuentan con 'reinos de taifas' dentro de su propio territorio como son las islas del Canal y Mann. Estas zonas con patente de corso se sitúan muy cerca de los países desarrollados para facilitar la evasión a empresas y grandes fortunas. La existencia de este sistema en la sombra ha contribuido a fomentar la aparición de productos financieros opacos y a la fuga ilícita de capitales en países en vías de desarrollo*. Global Financial Integrity estima que, del dinero salido de los países en vías de desarrollo hacia los paraísos fiscales, entre un 60% y 65% procede de la evasión fiscal de las corporaciones multinacionales, entre un 30% y 33% viene de actividades del crimen organizado (droga, tráfico de armas...) y entre un 3% y un 5% corresponde a la corrupción (dinero sustraído por dirigentes y élites).

Los paraísos fiscales requieren un grupo de soluciones coordinadas a nivel internacional, que procedemos a citar:

  • Difusión del nombre de empresas o/y presentes en paraísos fiscales para dañar su reputación. Obligatoriedad de que Hacienda facilite esta información.
  • Unificación de criterios entre organizaciones internacionales para la elaboración de una lista mundial de paraísos fiscales.
  • Creación de un sistema tributario real en eso territorios.
  • Obligación de identificar a los administradores de 'trusts'
  • Aparición de un impuesto internacional que penalice los movimientos financieros en ellos.
  • Eliminación de los acuerdos de cooperación de España con paraísos fiscales
  • Negativa de los Estados a adjudicar ningún contrato público a empresas que tienen presencia en paraísos fiscales.
  • Creación de un impuesto global sobre los beneficios de las multinacionales, junto al deber de estas compañías de ofrecer información concreta de resultados por país.
  • Consideración como delito fiscal de la negativa de cualquier entidad extranjera a informar a Hacienda de las cuentas de contribuyentes españoles en paraísos fiscales. Por tanto, si un directivo de esas entidades pisara suelo español podría ser detenido.
  • Rechazo a aceptar como gasto en un impuesto de sociedades cualquier transferencia que directa o indirectamente vaya a un paraíso fiscal. Esta última medida sería acompañada de la prohibición, en todo el territorio de la Unión Europea, de que se acepte como gasto cualquier pago a empresas tapadera, que no tienen ninguna actividad significativa.

Fuentes:

5) Luchar por la imposición de un Impuesto a las Transaciones Financieras que penalice los movimientos especulativos.

Conocida hace años como la “tasa Tobin”, consiste en un pequeño impuesto (se habla entre el 0,05 o el 0,1%) a todo movimiento de capital financiero. Los movimientos de carácter especulativo suponen más del 90% de ellos, siendo el resto los que corresponderían a la economía que crea riqueza.

Ese impuesto cumple varias funciones:

  1. Por su bajo porcentaje, no afecta a las transacciones necesarias para la economía real, desincentivando sin embargo aquellas otras que mueven constantemente (incluso varias veces en el mismo día) ingentes cantidades de dinero entre diferentes mercados, obteniendo pequeños beneficios de cada movimiento. Estas prácticas están, por ejemplo, detrás de los movimientos especulativos contra las deudas soberanas de los países más débiles de la zona euro.
  2. Permite recaudar, con un mínimo coste de gestión, ingentes cantidades de dinero que podrían destinarse a los programas internacionales, (como los objetivos del milenio), siempre comprometidos y nunca cumplidos.
  3. Sirve a la transparencia de dichas transacciones, a menudo realizadas a través de paraísos fiscales y, por tanto, sirve a la lucha contra el fraude fiscal.