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1) La deuda externa es el dinero que un estado debe a acreedores extranjeros. Los deudores pueden ser el gobierno (deuda pública), o las empresas y particulares (deuda privada), mientras que los acreedores pueden ser otros gobiernos (deuda bilateral), instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (deuda multilateral) o entidades financieras privadas.

El aumento del endeudamiento de muchos países de la periferia se dio principalmente en la década de los 1970, como consecuencia de un excedente monetario de los bancos de los países del centro económicamente desarrollados que invirtieron en otros países. Pero el pago de la deuda externa por parte de estos países deudores no fue realmente un problema hasta la década de los 1980, en la que estos bancos decidieron unilateralmente subir los tipos de interés hasta niveles de usura.

Desde entonces esta deuda no ha dejado de crecer y ha sido la gran losa que ha impedido su desarrollo económico y la satisfacción de las necesidades básicas de sus poblaciones. Muchos de estos países destinan más dinero al pago de la deuda que a sanidad y educación.

Pero además, la deuda externa se ha utilizado por parte de las economías acreedoras como herramienta de sometimiento de las economías deudoras. Para poder acceder a nuevos préstamos que les permitiesen hacer frente al pago de la deuda, muchos países se han visto obligados a aceptar duros planes de ajuste estructural impuestos por el FMI, parecidos a los planes de austeridad que ahora también nos imponen a los países de la periferia europea como Grecia, Irlanda, Portugal o España. Estos planes han supuesto el recorte del gasto público, la eliminación de aranceles a las importaciones, la privatización de los servicios públicos y la desregulación comercial y financiera, sobre todo para las inversiones de las empresas multinacionales de los propios países acreedores. Medidas que no han conseguido reducir la deuda y, por contra, han aumentado la pobreza, han comprometido la soberanía alimentaria y han impedido el desarrollo del tejido productivo local de estos pueblos.

Desde una perspectiva histórica, moral, ambiental y de derechos humanos, puede afirmarse que gran parte de la deuda externa de estos países es ilegítima y por tanto debe cancelarse. En primer lugar, la deuda externa es inmoral porque coarta los derechos más básicos de las poblaciones, y porque, a la larga, se paga con vidas humanas. En segundo lugar, la deuda externa ya se ha pagado con creces. Entre los años 1980 y 2000 los países deudores pagaron siete veces la deuda contraída con sus acreedores, y para entonces seguían debiendo cuatro veces dicha cantidad. Y en tercer lugar, porque en muchos casos la deuda no fue adquirida soberanamente, ni se utilizó en beneficio del pueblo. Gran parte de estas deudas fueron adquiridas por dictadores como Mobutu en Zaire, Marcos en Filipinas, Suharto en Indonesia, Pinochet en Chile o Videla en Argentina, que utilizaron los préstamos para su enriquecimiento personal y para mantener sus regímenes con la represión de su propio pueblo. Y esto con el conocimiento y la complicidad de los propios acreedores.

Por eso, proponemos:

  • Establecer una moratoria en el pago de la deuda externa (bilateral o multilateral) que otros países tengan contraída con el estado Español hasta realizar una auditoría integral (contemplando aspectos económicos, sociales y medioambientales), con la participación de agentes sociales y expertos independientes, que pueda determinar su legitimidad o ilegitimidad. En caso de que una deuda se declare ilegítima se repudiará su pago y se exigirán responsabilidades civiles o penales tanto a los deudores como a los acreedores.

Así mismo, en los últimos años, la deuda externa del estado español también ha crecido como consecuencia de la burbuja inmobiliaria y en general de la especulación de los mercados financieros, hasta unos límites que ponen en peligro la solvencia de la economía española.

Para sanear las cuentas y poder hacer frente al pago de la deuda, se nos están imponiendo también planes de austeridad, similares a los planes de ajuste estructural antes referidos, que, aunque no pueden compararse en las consecuencias que han tenido sobre sus poblaciones, están suponiendo recortes salariales, retraso de la edad de jubilación, recortes de las ayudas y del gasto público y privatización de servicios públicos.

La mayor parte de la deuda externa española es privada (el 83% según datos de mediados de 2010), es decir, es deuda adquirida por particulares, empresas y sobre todo por los bancos y cajas. Ante esta situación, nuestro gobierno ha decidido, sin consultar a la ciudadanía, avalar y rescatar a las entidades financieras con problemas, convirtiendo su deuda privada en una deuda pública que pagaremos la ciudadanía con nuestros impuestos. Como consecuencia, gran parte de la deuda pública del estado español también puede declararse como ilegítima.

Y por eso también proponemos:

  • Establecer una moratoria en el pago de la deuda externa pública del estado Español hasta realizar una auditoría integral (contemplando aspectos económicos, sociales y medioambientales), con la participación de agentes sociales y expertos independientes, que pueda determinar su legitimidad o ilegitimidad. En caso de que una deuda se declare ilegítima se repudiará su pago y se exigirán responsabilidades civiles o penales tanto a los deudores como a los acreedores.

2) Las empresas juegan un papel muy importante en nuestra sociedad: son fuente de empleo, ofrecen bienes y servicios de todo tipo e impulsan la innovación tecnológica y el desarrollo del conocimiento. Pero esto no significa que el impacto del sector privado en nuestras sociedades sea positivo de por sí.

Que el impacto de las empresas sea positivo o negativo para la sociedad (y no sólo para unos pocos) depende del comportamiento de las mismas: de su relación con los empleados, de su relación con el medio ambiente, de la honestidad de sus tratos comerciales, del modelo de reparto de sus beneficios, etc. Ahora bien, dado que el actual modelo económico imperante atiende como fin último a la maximización de beneficios por parte de las empresas y, por ende, a la competitividad, la atención a cualquier función social o la observación y cumplimiento de unas normas de comportamiento “ético” por parte de estas, sobre todo en el caso de las grandes empresas, queda relegado a un plano marginal, inexistente en muchas ocasiones.

Así, aunque hay algunas empresas que deciden actuar de manera responsable con su entorno, la mayor parte sólo muestra comportamientos éticos cuando así se impone por la legislación vigente.

A lo largo de los años, en España se han ido desarrollando leyes que imponen obligaciones a las empresas en casi todos los ámbitos: laboral, medioambiental, fiscal, etc., muchas de ellas derivadas de directivas europeas. Aunque estas normas son aún insuficientes y se pueden considerar como adecuadas para el cumplimiento por parte de las empresas de unos “mínimos”, y pueden servir de base sobre la que construir un marco legal más amplio que haga de las empresas “actores” socialmente responsables.

En muchos países las leyes que regulan el comportamiento de las empresas son menos exigentes que en España. Por ejemplo, son menos exigentes con los límites contaminantes derivados de la actividad empresarial o reconocen una menor cobertura de derechos laborales. Muchas veces no respetan siquiera los requisitos mínimos establecidos para el cumplimiento de los derechos humanos.

Cuando las empresas transnacionales deciden invertir en un país, están obligadas a cumplir la legislación del mismo y no la del país de origen. Es por ello que cada vez más empresas instalan sus centros de trabajo y producción en aquellos países donde la normativa es menos exigente y los costes son menores, lo cual aumenta sus beneficios. Sin embargo, esta situación es negativa para el conjunto de la sociedad de los países en los que invierte y supone un gran obstáculo para que éstos puedan salir adelante.

Aunque este comportamiento sea legal en el país donde invierten, no deja de ser moralmente reprochable y, por tanto, los gobiernos deben asumir la responsabilidad de los comportamientos de sus empresas en el extranjero, sobre todo cuando éstas realizan actividades que suponen un delito en su propio país o una violación de los derechos humanos.

Igual que los países despliegan sus estrategias económicas y diplomáticas para promocionar la presencia de sus empresas en el extranjero, deben asumir la responsabilidad por los comportamientos de estas.

Es por ello que reivindicamos:

  • Que las empresas transnacionales de titularidad o capital español deben atenerse en todo momento a la legislación que garantice en mayor medida el respeto de los derechos humanos, sociales, laborales, medioambientales, económicos y de los pueblos, en el país en que actúen (bien sea la legislación española, del país de destino o de rango supranacional).

La violación de estos derechos en el extranjero por parte de empresas españolas debe ser incorporada como delito al Código Penal español para poder sancionar los incumplimientos y exigir responsabilidades.

3) Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) el mundo necesita 30.000 millones de dólares estadounidenses al año para erradicar la amenaza del hambre relanzando la agricultura. En la actualidad este dinero se solicita a los países de renta alta para su distribución entre los de renta baja.

La actividad de las economías enriquecidas tiene de por sí un impacto negativo sobre el medio ambiente y sobre la estabilidad económica a nivel mundial. Esta actividad beneficia solo a las empresas y agentes que la desarrollan, que se enriquecen a costa de socavar los recursos comunes a la población y provocan la desestructuración de los modelos productivos y de vida más tradicionales y sostenibles. Así, el beneficio de unos pocos se realiza a costa del empobrecimiento de muchos. Entendemos que estas actividades han de ser limitadas, y en todo caso gravadas con una serie de tasas e impuestos que permitan redistribuir los beneficios entre los que sufren en mayor medida sus efectos negativos.

Por justicia económica y social, entendemos que ya que estas tasas son de carácter global y gravan bienes universales deberían redistribuirse también de manera global de acuerdo a un sistema progresivo y de este modo eliminar desigualdades entre pueblos y personas.

Es por ello que reivindicamos:

  • La implantación de impuestos globales orientados a generar un sistema redistributivo global.

Estos impuestos tienen como objetivo la preservación de los bienes públicos globales que afectan a toda la ciudadanía del planeta. Destacamos especialmente el impuesto a las transacciones financieras internacionales, que pretende promover la estabilidad penalizando los movimientos especulativos, y los impuestos que gravan las actividades que afectan al medioambiente y a la preservación de la biodiversidad. La recaudación impositiva derivada de estos impuestos deberá destinarse a los Estados de acuerdo a un sistema progresivo de redistribución global.

4) Las causas del empobrecimiento de muchos países hay que buscarlas en las relaciones de poder que se han mantenido históricamente entre naciones. Desde el inicio del colonialismo en el S.XV se inicia un sistema económico basado en el expolio de los recursos y los derechos de ciertos países y sus habitantes, que aún se mantiene en la actualidad en forma de injerencias en su gobierno y economía. Como resultado se ha coartado el derecho al desarrollo de los pueblos, manteniéndolos en una posición de subordinación.

En este marco aparece la Ayuda al Desarrollo, establecida como una aportación del centro a la periferia para hacer frente a la catastrófica situación que sufren estos últimos. Pero durante mucho tiempo, incluso ahora, la Ayuda al Desarrollo ha sido empleada como una herramienta para defender los propios intereses económicos y políticos de los países que ofrecen ayuda y no para impulsar los legítimos procesos de progreso definidos por y para los pueblos a los que se dirige la ayuda. De esta manera se ha favorecido, por medio de “falsas ayudas”, la implantación interesada de grandes transnacionales, el acopio y expolio de recursos naturales (minerales, forestales, energéticos, etc.), la degradación del medio ambiente, la instauración de modelos de desarrollo que no atienden a las necesidades y posibilidades de la población y el territorio, el mantenimiento de gobiernos dictatoriales o cuando menos ilegítimos, así como la penetración de un sistema que atenta contra las libertades y derechos de las personas y los pueblos.

Sólo una pequeña parte de la ayuda ha servido realmente al objeto de apoyar el desarrollo social y económico de las personas y los pueblos a las que iba destinada.

Por otro lado, han sido muy pocos los países que han cumplido con los acuerdos internacionales sobre ayudas al desarrollo. La Asamblea General de Naciones Unidas acordó en su 34a sesión, en el año 1980, que los países del centro destinaran el 0,7% de su Producto Interior Bruto a dicha ayuda, lo cual únicamente ha sido cumplido, durante algún tiempo, por Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. El resto de países han estado muy lejos de esta cifra.

Por añadidura, durante los últimos años se ha recortado la aportación de fondos oficiales, que son sustituidos progresivamente por fondos privados ligados a los intereses de grandes corporaciones.

La solución a las causas de fondo que provocan pobreza y desigualdad en el mundo no se conseguirá a través de la "Ayuda al Desarrollo" de unos países a otros, sino que requiere de un nuevo sistema global más justo y equilibrado en lo económico, social y medioambiental que deje de despilfarrar recursos y oprimir a una gran mayoría en beneficio de unos pocos.

Sin embargo y mientras se realizan las reformas necesarias para alcanzar unas relaciones globales más justas e igualitarias, una Ayuda al Desarrollo transparente, predecible, desligada de los intereses del país donante o de cualesquiera intereses privados y puesta al servicio de los intereses de la ciudadanía y los pueblos del país receptor, puede ser una herramienta que permita facilitar la lucha contra la pobreza en estos países. Esto implica la creación de sistemas de control y gestión de las ayudas que garanticen su pertinencia en cuanto a cuantías, usos, destinos y cobertura.

Entendemos, en suma, que como medida transitoria hasta llegar a un sistema global más justo, la financiación de la cooperación entre pueblos puede ser una manera de compensar la deuda histórica contraída con estos.

Por tanto, exigimos:

  • Que todas las administraciones españolas (centrales, autonómicas y municipales) contemplen partidas presupuestarias para cumplir con el compromiso histórico de donación el 0.7% del PIB a estos fines.