Propuestas argumentadas subgrupo Política Económica Sol

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1) Prohibición de los expedientes de regulación de empleo en empresas con beneficios: Los EREs son procedimientos administrativos que sirven a la empresa para acometer despidos colectivos. Se trata de una forma jurídica muy presente en la realidad económica actual. Un ERE permite, en teoría, abonar una indemnización menor (20 días por año trabajado) a la establecida en un despido improcedente individual. También supone un ahorro a la empresa que generalmente en los casos de reducción/ suspensión de jornada se combina la prestación por desempleo para mantener la remuneración de los trabajadores(o al acuerdo al que hayan llegado).

La empresa puede argumentar 4 causas, económicas, técnicas, organizativas, o de producción, pero la realidad, es que la gran mayoría de los EREs, al necesitar la aprobación de la autoridad laboral (Dirección General del Ministerio de Trabajo) exigen el acuerdo con los representantes de los trabajadores (en algunos casos en los que no se produce el acuerdo, se exige al menos la demostración de la voluntad de haberlo intentado, es decir, la presentación de una oferta de mejora de las condiciones a los trabajadores). Estos representantes suelen pactar indemnizaciones superiores a la mínima marcada por la ley, aunque generalmente algo inferiores a las establecidas en sus convenios colectivos o marcadas por la legislación laboral o según su tipo de contrato. Sin embargo, sigue siendo el Estado el que en todos los casos carga con los gastos correspondientes a las prestaciones por desempleo de los nuevos parados.

Nuestra propuesta es:

  • En empresas con beneficios (especialmente multinacionales con beneficios millonarios) tanto en los casos de reducciones/ suspensiones de jornada como en los de despido, que estas mismas empresas asuman el coste de la prestación por desempleo, liberando al Estado de dicha carga.
  • Así mismo, que en dichos casos de despidos masivos, no se admita la reducción de la indemnización a percibir por los trabajadores.

2) Incremento de los ingresos fiscales mediante la profundización en la progresividad del sistema fiscal y la lucha efectiva contra el fraude: La reforma fiscal del 2007 junto con la recesión desencadenada en ese mismo año hicieron reducir de manera espectacular los ingresos recaudados por el estado.

La reducción de ingresos se ha visto acompañada de un incremento de los gastos derivados de medidas paliativas contra los efectos de la crisis (estabilizadores automáticos como IRPF, Impuesto de Sociedades, subsidios de desempleo, y en menor medida, políticas fiscales expansivas). El resultado es el de los niveles de déficit actuales, del 10%. Esta situación ahora se está tratando de atajar por la vía de los recortes del gasto, apuntalando los cimientos de una duradera recesión y negándose de facto a reducir la tasa de desempleo de una forma efectiva.

Esta política propuesta por la Comisión Europea corresponde con otras medidas que ya fueron adoptadas por el FMI en los países del Tercer Mundo en un teórico intento de ayudar al desarrollo y que fracasaron dando lugar a un fenómeno conocido como “trampa de la deuda”.

Al existir un endeudamiento del estado se impone externamente una política de austeridad pública recortando gastos sociales e inversiones por parte del estado, haciendo que las empresas pierdan al estado como cliente y que los ciudadanos reciban vean reducida su renta por pérdida de ayudas o para compensar la disminución de los servicios públicos. Esto lleva a una disminución en la actividad económica, es decir, al cierre de empresas y consecuentemente a una recesión que supone además una reducción en los ingresos fiscales por parte del estado. Al no poder generar los ingresos de manera interna, el estado necesita mantenerse mediante un mayor endeudamiento que –debido a la recesión- será obtenido a un tipo de interés más alto entrando así en un bucle capaz de destruir la economía del país.

Nosotros proponemos revertir esta tendencia. Partimos de la convicción de que la política económica de cualquier gobierno debe ser la lucha por el pleno empleo con dignidad. Si en tiempos de bonanza esto parece evidente, en tiempos de crisis ha de ser imprescindible. Es necesario que el estado tenga los recursos necesarios para lograr los objetivos de pleno empleo con dignidad, para responder a las demandas de su población, no de estabilidad presupuestaria que responden a las demandas de los mercados.

Para ello es necesario centrar la reforma fiscal en aquellos puntos de nuestro sistema que carecen de equidad. Así, proponemos una reforma del sistema fiscal basado en los siguientes principios:

  • Incremento de la base
  • Progresividad
  • Distribución
  • Lucha contra el fraude

Para ello defendemos las siguientes medidas:

  • Incremento de los ingresos fiscales del Estado mediante la profundización en la progresividad del sistema fiscal, aumentando el control del fraude. Para ello, proponemos las siguientes medidas:
  • Aumento de los tramos y los tipos máximos del IRPF.
  • Profundización en la progresividad de la tributación de las rentas de capital.
  • Reducción progresiva de la imposición indirecta (en impuestos como el IVA) para lograr objetivos de equidad fiscal.
  • Eliminación consensuada en Europa de las SICAV y, como medida a corto plazo, endurecimiento de su sistema de tributación actual.
  • Recuperación de la competencia del impuesto de sucesiones y donaciones con un tramo exento.
  • Ampliación de medios/presupuestos de persecución para el fraude fiscal, así como dotación de leyes para todo el mecanismo de lucha contra el fraude.

3) Las instituciones europeas han de estar sujetas al control democrático de los/las ciudadanos/as de la UE: Actualmente, la elección del presidente de la Comisión Europea, así como la totalidad de los comisarios, no están controlados por procesos democráticos, sino por negociaciones políticas entre los dirigentes de los países miembros. La democracia que impregna pues la dirección de estas instituciones es tan indirecta, que se puede decir que no existe. Por otro lado, el BCE tiene unos estatutos que lo hacen completamente independiente del poder político, y por tanto, sus importantes decisiones quedan totalmente fuera de cualquier control democrático. La pérdida de soberanía no se puede hacer en favor de instituciones que no responden a principios democráticos.

Consideramos que este paso es fundamental y prioritario para el siguiente, la coordinación de las políticas fiscales y monetarias en la zona euro. Actualmente, existe una única política monetaria y diversas políticas fiscales.

Respecto a la política monetaria, el Banco Central Europeo (BCE), con su furibunda misión del control de precios se olvida de que si actuara de comprador de última instancia, ni España ni Grecia ni Irlanda ni Portugal estarían teniendo los problemas de financiación de su deuda. Reino Unido tiene más deuda y déficit que España, pero no problemas de financiación, porque tiene un banco central que actúa de comprador de última instancia, por lo que los mercados no pueden actuar sobre ellos. Creemos que Europa no debe desentenderse de los problemas que sufren estos países cuando hemos sido claros partícipes del crecimiento experimentado por los países centrales, y es por ello por lo que el Banco Central Europeo debe responder por la deuda de todos los integrantes de la UE de una manera racional. Esto además rompería la independencia del BCE, implicando un mayor control democrático del esta institución por parte de las ciudadanos/as.

Este último punto nos parece fundamental. Mediante un mecanismo bien diseñado y controlado del BCE para comprar la deuda de países con problemas de financiación, esta institución compraría deuda (de forma controlada) de gobiernos soberanos, elegidos democráticamente por sus ciudadanos. Estos gobiernos estarán generando deuda como consecuencia de su programa político, y su cristalización en los presupuestos generales. El BCE ayudará entonces a la implementación de dichas políticas.

Evidentemente, esto debería llevar asociada políticas fiscales coordinadas para que cada país no actúe como free rider, ignorando los efectos que producen sus decisiones sobre los demás. La coordinación de políticas fiscales es un óptimo de primer orden la para la zona euro, de forma que la autoridad fiscal central internalizaría los efectos desbordamiento entre países, optimizando recursos, y reduciendo los esfuerzos necesarios para relanzar la zona euro y por ende la UE.

Para ello se hace imprescindible crear un presupuesto comunitario (no como el actual que supone tan solo el 1% del PIB europeo), que pueda cumplir las funciones de asignación, redistribución y estabilización.

Sin ello, las soluciones que se planteas son lúgubres y siniestras para los ciudadanos/as de la UE, y en especial para los e los países periféricos, como España, Grecia, Portugal e Irlanda.

Las soluciones aportadas para sostener el presente diseño de la UEM, son injustas porque el ajuste se centra en exclusiva en los países del sur que han estado financiando el crecimiento de los países centrales mediante la creación de déficit. Si bien es cierto que los países centrales han colaborado en la economía de los periféricos mediante la aportación de los fondos estructurales, no es menos cierto que gran parte de esos fondos no tenían como destino el desarrollo de industrias competitivas sino la compensación por reducciones de cuota de mercado en el sector primario y la creación de infraestructuras que favoreciesen las relaciones comerciales con los países europeos. No se puede obviar la responsabilidad de España en el desarrollo de su modelo productivo ahora deficitario, pero tampoco se debe olvidar la influencia de los países centrales en el fomento de dicho modelo que les ha permitido incrementar sus exportaciones provocando el citado déficit.

Ambas políticas han de tener como objetivo primordial defender el estado de bienestar de los ciudadanos/as de la zona euro y de la UE, y profundizarlo poniendo a su servicio todos recursos del sistema, no a la inversa. No sirve que para "el sostenimiento" del estado de bienestar, la solución que propongan sea aniquilarlo. El efecto de esta coordinación ha de ser el desarrollo equitativo, social y medioambiental de todos los países por igual. En el actual modelo hay unos países que reducen el bienestar, y otros que lo incrementan.

Es por ello, si se quiere que los países periféricos quieran estar en el euro, es necesaria una modificación que resuelva los problemas de los ciudadanos, que en última instancia serán los que decidan si estar o no estar en un sistema a todas luces injusto.

Por ello se propone:

Que las instituciones europeas deberán regirse por principios democráticos. Las políticas fiscales y monetarias deben estar coordinadas y orientadas al mantenimiento y refuerzo del estado del bienestar y al desarrollo sostenible de todos los países.