Propuestas argumentadas subgrupo Empresas Sol

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La brutal crisis económica que padecemos producto de la inexistencia de reglas en el mercado financiero internacional, que tiene su origen en las políticas neoliberales iniciadas en la era Reagan-Thatcher, ha conducido a un recorte sin precedentes del crédito a las pequeñas empresas. Cerca de medio millón ha cesado su actividad desde que comenzó la crisis, generando una pérdida de empleo brutal. Es bien sabido que la estructura económica en nuestro país se ha tejido alrededor de la pequeña empresa y que sin el crédito necesario va a ser muy difícil recuperar la actividad y volver a crear empleo.

Ahora bien, quizás sea este el momento de exigir que cambien las reglas del juego y por eso se proponen las siguientes medidas.

1) Cumplimiento de la ley de pronto pago: La necesidad de financiación en muchos casos se deriva de la falta de cumplimiento y control en la aplicación de la Ley 15/2010 de 5 de julio (“lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales” que viene a modificar la Ley 3/2004 de 29/12), por parte del Gobierno y el resto de las Administraciones. Si las Administraciones no cumplen, las grandes empresas aún menos. Por ello se exige al Gobierno la toma de medidas inmediata para el cumplimiento de la Ley 15/2010 de pronto pago que ellos mismos han promovido.

2) Financiación de la pequeña empresa: El gobierno a través del ICO promueve el crédito a las empresas con la intermediación de los Bancos privados. Los Bancos toman el dinero a un interés y lo transfieren a las empresas a otro interés rayano con la usura asumiendo únicamente el 50% del posible riesgo. Estos créditos son viables únicamente para las compañías que no atraviesen especiales dificultades financieras. De hecho los bancos han aprovechado la oportunidad para cancelar líneas de crédito habituales a las empresas y obligarlas a suscribir estos créditos de forma que su beneficio se incrementa notablemente disminuyendo el riesgo.

Por otro lado la línea de financiación directa del ICO está diseñada únicamente para las grandes empresas.

Entendemos por tanto que es imprescindible para evitar el dominio de la Banca privada sobre la política de los gobiernos el restablecimiento de la banca pública, bien a través de la nacionalización de las Cajas de Ahorro o del mecanismo que se considere más adecuado.

Por ello se exige al Gobierno que arbitre los mecanismos para eliminar la mediación de la Banca privada a través del único cauce posible, el restablecimiento de la banca pública.

3) Trabajadores autónomos: Las reformas realizadas en las dos últimas legislaturas (Ley 20/2007 de 11 de julio y RD 197/2009) para la equiparación de derechos y obligaciones entre trabajadores autónomos y por cuenta ajena no son suficientes.

Por ello se exige al Gobierno que realice las reformas legislativas necesarias de forma que se garantice la real equiparación de derechos y obligaciones entre todos los trabajadores con independencia de su adscripción al régimen general o autónomo sin que ello represente minoración de derechos a uno u otro colectivo.

4) Balance social: El movimiento 15M es la expresión más clara del cuestionamiento por parte de grandes sectores de la población de las estructuras de poder y de la defensa de los derechos de los más desfavorecidos, a través de métodos profundamente democráticos.

Entendemos que en líneas generales la vida cotidiana de la pequeña y mediana empresa no se rige por un marco de relaciones laborales correcto y democrático.

Entendemos que las estructuras cooperativas tampoco son de por sí una garantía de modos de producción menos abusivos y autoritarios.

Las personas responsables de las pequeñas y medianas empresas deben entender que el respeto a los derechos básicos de los trabajadores (estabilidad en el empleo, salarios dignos, existencia de representación sindical, salud laboral, etc.), el respeto a la igualdad de género (existencia de plan de igualdad, paridad en estructuras de dirección, planes de conciliación, etc.), la transparencia en la gestión económica y el compromiso con la salvaguarda del medioambiente, son imprescindibles para lograr empresas con proyección al futuro.

Es una realidad que las empresas con un balance social positivo resisten mucho mejor los embates de la actual crisis económica que aquellas que únicamente prestan atención al balance económico.

Exigimos por tanto del Gobierno un plan integral dirigido a fomentar la implantación del balance social en las empresas.