Propuestas argumentadas subgrupo Empleo Sol

De Wiki de toma la plaza
Share/Save/Bookmark
Saltar a: navegación, buscar

Los intensos debates que animaron durante dos semanas las asambleas de este grupo evidencian dos causas determinantes de la indignación que sustenta este movimiento: la corrupción política y la crisis económica. Esta, que abordamos como Grupo de Empleo, deriva de la injusta acumulación de riqueza en bancos, grandes empresas, y grupos financieros -acentuada por una prisa desmedida en enriquecerse aún más con toda suerte de fraudes y negocios turbios- que imponen una Dictadura del Dinero (exigencias del mercado) con una intolerable consecuencia: la división de la población entre una minoría cada vez más rica, y la mayoría cada vez más empobrecida.

Por eso consideramos objetivo principal y prioritario de este movimiento, aclamado como 15M, el reparto más justo de la Riqueza y del Trabajo en todas sus vertientes, por ser un valor esencial del nuevo mundo que necesitamos y hemos comenzado a construir, con el fin de erradicar la desigualdad, la injusticia, la explotación de las personas y la destrucción del planeta. Esto es, la economía debe de estar al servicio de las personas, y no las personas al servicio de los mercados.

Somos conscientes de que las últimas reformas legislativas aplicadas al mundo laboral han ido encaminadas en la dirección opuesta, incentivando la precariedad y el menoscabo de los derechos que con tanto esfuerzo se conquistaron; todo ello con el propósito de equilibrar a la baja el nivel de vida de la población trabajadora y poner a disposición del sector empresarial mano de obra barata y desprotegida.

Así, estas nuevas medidas permiten al empresariado disponer de variados pretextos, con plena arbitrariedad por su parte, que le faciliten la extinción de contratos, la Flexibilidad Interna para modificar jornadas de trabajo, reducirlas a través de EREs temporales, provocar el desarraigo local y familiar y la indefensión del trabajador por medio del desplazamiento de localidad y de centro de trabajo.


Incentivan los contratos en prácticas y para la formación favoreciendo la rotación del empleo de condición precaria. Y lo que resulta una flagrante declaración de intenciones al respecto, es la creación de Agencias de Colocación con ánimo de lucro y la ampliación de las atribuciones de las ETTs, para explotar y medrar a costa de los exiguos salarios y la indefensión del trabajador (no se comprende en qué medida estas entidades improductivas vayan a crear empleo y riqueza).

Además de facilitar las condiciones de despido y la reducción de las indemnizaciones, se pretende hacer recaer una parte de las mismas sobre el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA, destinado a los casos de insolvencia), esto es, a las Arcas Públicas.

Se pone en marcha esa especie de seguro de muerte denominado Fondo de Capitalización, para los casos de despido, el momento de jubilación y otros casos. Este dinero no saldrá de las cuotas que se les exige a los empresarios, por lo que pagaremos nuestro propio despido (¡!).

Los nuevos convenios de empresa permitirán que ésta, alegando razones económicas, modifique a la baja lo conseguido en convenios de ámbito superior; esto deja al empresario libre de imponer sus condiciones. Al finalizar la vigencia de un convenio, si se agota el plazo máximo para negociar el nuevo, las partes deberán someterse a un arbitraje, lo que facilitará que se pierdan derechos que ya estaban consolidados.

A todo debemos de añadir la ampliación de la edad de jubilación, que entorpece la incorporación de los jóvenes a la vida laboral y prolonga innecesariamente el tiempo para acceder a una jubilación digna (cada vez más costosa de alcanzar debido a la precarización).

Partiendo de estas consideraciones y premisas, establecemos los siguientes tres puntos básicos como exigencias irrenunciables y bandera fundamental del movimiento:

1. Optamos por construir un nuevo marco de relaciones laborales consensuado democráticamente por la población. Entre tanto, exigimos la derogación de los aspectos de la última reforma laboral y de las pensiones que signifiquen un aumento de la precariedad, una reducción de los derechos laborales y un deterioro de los regímenes de pensiones.

Consideramos que estas reformas no tienen fundamento ni sentido para salir de la crisis, ya que representan una agresión intolerable contra los derechos de la población trabajadora legitimando la precarización de las condiciones de trabajo y constituyéndose por tanto en un impedimento para acceder a una vida digna. En todo caso, deberían mantenerse los escasos puntos de esas reformas que suponían un avance.

Los miembros del Grupo de Empleo son unánimes al afirmar que, en cualquier caso, el futuro marco de relaciones laborales deberá ser consensuado democráticamente por la población. Esta consulta deberá de realizarse según los procedimientos de una democracia real.

El actual marco de relaciones laborales, fruto de las sucesivas reformas aprobadas (del proceso de ajuste salarial permanente), ha significado una pérdida progresiva de derechos laborales y sociales y una precarización del empleo. Siendo el empleo la principal fuente de acceso a recursos y derechos (salario directo, indirecto y diferido), así como la participación en el espacio público para la mayor parte de la población, esta pérdida de derechos tiene una incidencia absolutamente directa en el empeoramiento de sus condiciones de vida (tendencia al aumento de desigualdades; a la mayor precariedad en la vida, aumento de la pobreza y exclusión). Pero además esto, lejos de ser la solución a la crisis, está en el origen de la misma. En el corazón del conjunto de políticas de ajuste puestas en marcha desde finales de los años 1970 estaba este “ajuste salarial permanente”. Estas políticas permitieron un relativo redespliegue del crecimiento económico mundial, pero presentaban unos límites de carácter intrínseco: imposibilidad de sostener el proceso de acumulación y crecimiento, e incremento de la rentabilidad del capital canalizada hacia el sobredimensionado ámbito financiero como consecuencia de la caída de la participación de los salarios en la renta nacional.

Además, ese marco ha sido impuesto de manera unilateral, en un contexto donde las estructuras de toma de decisiones (tanto la política institucional, como la negociación entre patronal y sindicatos mayoritarios) no nos representan. La inexistencia de una democracia real tiene como consecuencia la imposición de un marco de relaciones laborales que está en el origen mismo de la crisis y que sirve para proseguir con el proceso de “enriquecimiento ilícito” de quienes detentan el poder económico y financiero, en obsceno contubernio con el político.

Sí, hay una crisis muy dura. Porque hay otras salidas posibles, y porque la decisión de cuál de ellas escoger afecta a la soberanía más básica de la población, es por lo que exigimos de manera inmediata la derogación de los aspectos lesivos de la última reforma laboral y el “pensionazo”. Y esto es sólo un primer paso hacia la construcción de un nuevo marco de relaciones laborales.

2. Reducción efectiva de la jornada laboral y de la vida laboral hasta cumplir todas las necesidades de empleo de la población como medida efectiva de redistribución de la riqueza y de todos los trabajos; así como el cumplimiento de los derechos laborales en su integridad.

Se considera que esta demanda es la herramienta imprescindible para acabar con la lacra del paro, considerado la consecuencia más dramática de los actuales ajustes restrictivos y que posiciona en situación de marginalidad a casi cinco millones de españoles. Se hace evidente que la existencia de unas cifras tan desmesuradas de paro constituye un chantaje efectivo al resto de la población trabajadora, que se ve impelida a aceptar contratos precarios en condiciones de inseguridad y de explotación denigrantes. En este sentido vemos que el problema de las y los desempleados es también el de toda la población trabajadora. En total coherencia con el objetivo prioritario del movimiento que establecimos en nuestro preámbulo, entendemos que esta reducción es una medida eficaz para la redistribución del trabajo y de la riqueza.

Hay un grave problema de reparto profundamente injusto de la riqueza y de los trabajos. Esto incide directamente en la creciente desigualdad en las condiciones de vida de la población. En los últimos años hemos vivido un proceso de caída continuada de la proporción de rentas salariales sobre el PIB; este descenso ocurre a pesar de que la tasa de asalarización (la proporción de personas que viven de esas rentas salariales) ha aumentado. Es decir, no es un problema de falta de recursos, sino de cómo se distribuyen. Esta caída, tal como hemos explicado en el punto anterior, está en el origen mismo de la crisis.

Reducir la jornada laboral es la manera de asegurar que todas las personas tengan acceso a un trabajo remunerado (un derecho reconocido en la constitución), y por lo tanto, acceso a un nivel de vida digno. Ese es el tope hasta el cual hay que seguir reduciendo la jornada. El empleo no es un recurso más para los mercados, el empleo es el principal recurso para lograr vivir.

(El subgrupo de empleo considera que la reducción de la jornada y de la vida laboral no deberá suponer una merma de los derechos de los trabajadores, aplicándose por tanto sin reducción del salario. Sin embargo, este punto no ha sido consensuado por todo el grupo de economía, por lo que queda pendiente ampliar su discusión a futuro.)

¿Es posible reducir la jornada laboral? Por supuesto que lo es. En primer lugar, porque es una cuestión de cómo se reparte la renta; el problema no es que no haya, sino cómo se distribuye lo producido. En segundo lugar, permitiría racionalizar los horarios; trabajar muchas horas no significa rendir todas esas horas. En tercer lugar, esta medida se articula con el conjunto de otras medidas, no va en aislamiento, por lo que ni a ésta (ni a ninguna) se le puede exigir que en sí misma resuelva todos los problemas ni contenga todas las soluciones. La forma concreta en que se implemente, y la posible necesidad de apoyar a ciertas entidades en su implementación (pymes, cooperativas, ONGs, hogares que contratan a trabajadores domésticos, etc.), es algo que requiere desarrollo futuro, pero es una cuestión que viene después de tomar la decisión de hacerlo. En el caso de la reducción de la vida laboral deberán introducirse criterios de disposición, equidad y dureza del trabajo para posibilitar la reducción voluntaria de la edad de jubilación.

Reducir la jornada y vida laboral, permitiría, además, avanzar en la redistribución del otro gran trabajo del que nunca hablamos: el trabajo no pagado doméstico y de cuidados. El marco de relaciones laborales que hemos criticado en el punto anterior impone como figura de trabajador ideal el “trabajador champiñón”, que nace todos los días 100% disponible para la empresa, no tiene responsabilidades de cuidados sobre nadie y, cuando sale de la empresa, desaparece. Este trabajador sólo existe si hay alguien que asume todos los trabajos domésticos y de cuidados mientras él se dedica a la empresa. Esto ha sido así gracias al trabajo no pagado de las mujeres en los hogares. De media, en el estado español se trabajan 46,3 horas a la semana, de ellas 25,6 se dedican al trabajo no pagado y 20,3 al trabajo pagado: ¡la mayor parte del tiempo de trabajo necesario para que la sociedad salga adelante se hace gratis! Este es un trabajo del que las empresas se nutren día a día, porque es lo que permite regenerar cotidiana y generacionalmente la mano de obra; y no pagan nada por ello. Además, las mujeres trabajan un 15% más en total que los hombres, pero 3⁄4 de su trabajo es gratuito.

Reducir la jornada laboral es una forma de empezar a cuestionar ese modelo de trabajador estándar, exigiendo a las empresas que asuman parte del coste de reproducción de la mano de obra y redistribuyendo el trabajo de cuidados no remunerado de manera más equitativa. Reducir la jornada permitiría al conjunto de la población organizar su tiempo de una manera más sana, poniendo en el centro de la vida sus distintas necesidades y responsabilidades y no obligando a que el conjunto de su vida gire en torno a los horarios del mercado.

Como colofón necesario de estos dos puntos básicos se afirma que para que esta reforma de las condiciones laborales tenga efectividad se debe de exigir el cumplimiento de las nuevas condiciones laborales que surjan del consenso social.

En este sentido se menciona la actual situación según la cual es rara la empresa en que no se presione a los trabajadores para que realicen horas extras no pagadas o hagan dejadez de algunos de sus derechos legítimos. Esto supone un fraude social y fiscal actualmente consentido por las autoridades laborales y por los representantes sociales, que son quienes deberían velar para que no se vulnere la legislación vigente en detrimento de los derechos de los trabajadores.

3. Aumento del salario mínimo, estableciéndose una equiparación a nivel europeo y una correspondencia real con las condiciones de vida (precio de vivienda, alimentos, transporte, etc.) mejorando su capacidad adquisitiva. Regulación de salarios máximos y rentas no salariales.