Propuesta de financiación de la iglesia

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PROPUESTA CONSENSUADA Nº 23

La Iglesia recibe del Estado en España cantidades de dinero que no tienen comparación en otros países occidentales. Todos y todas conocemos el dinero que la Iglesia recibe de su casilla del IRPF y que en principio está destinado a sufragar sus gastos de funcionamiento. Ese dinero, que en los últimos ejercicios fiscales rondó los 250 millones de euros, es lo que popularmente se asocia a la aportación del Estado a la Iglesia Católica, pero pocas personas sospechan que es en realidad una ínfima parte de lo que finalmente reciben por otras vías. El monto total, que supera los 6000 millones de euros, es muy difícil de evaluar con exactitud por causas que luego veremos, aunque la mayor parte corresponde al mantenimiento de sus centros educativos y asistenciales, concepto por el que reciben más de 5000 millones de euros. Todo este dinero público, que la Iglesia gestiona opacamente, la sitúa al nivel de las grandes empresas de este país, siendo comparable en 2010 al nivel de facturación de una gran empresa como Acciona, o 3 veces superior a Ferrovial.

Explicación

La Iglesia argumenta que ese dinero se destina a fines sociales, pero resulta más que paradójico que en un Estado tan poco desarrollado en lo social como el español (ver notas 1 y 2), estemos cediendo gran parte de los presupuestos educativos y sociosanitarios públicos a la gestión por parte de una entidad con intereses particulares. En realidad, esta transmisión de presupuesto público a gestión privada supone una degradación intencionada de los servicios públicos, promoviendo la ideas neoliberales de mayor calidad de lo privado. Nosotros y nosotras abogamos por una Educación y Sanidad públicas de calidad, garantizados ahora y en el futuro, que proporcionen a las personas verdadera igualdad de oportunidades y un bienestar acorde a la media europea.

Es también falso el argumento frecuentemente utilizado de que la Iglesia puede dar más con ese dinero. En un país como éste, con unos niveles de precariedad laboral que han desmoronado el consumo interno, nada es más necesario que dotar de seguridad y trabajo estable a todo el colectivo de educadores, educadoras y asistentes que trabaja en condiciones muy irregulares en los centros gestionados por la Iglesia. Aunque el gasto estatal subiera al absorber los servicios delegados en la Iglesia, el incremento quedaría justificado por el acercamiento a la media de gasto público en educación y sanidad de los países de la OCDE y por el retorno de la inversión a través de los impuestos y cotizaciones de las nuevas trabajadoras y los nuevos trabajadores públicos y su incorporación con dignidad al mercado laboral.

En detalle, las partidas por las que la Iglesia Católica recibe dinero del Estado son las siguientes (datos de 2009):

  • El ya mencionado 0,7% del IRPF, con destino a la financiación de la Iglesia supone unos 250 millones de euros.
  • También del 0,7% del IRPF, de la casilla 'fines sociales' varias ONG religiosas reciben decenas de millones de euros. De hecho, Cáritas hace campaña para que los ciudadanos marquen también dicha casilla de la declaración de la renta, ya que ellos obtienen financiación a través de ella.
  • Las variadas exenciones tributarias municipales, autonómicas y estatales son difíciles de cuantificar, aunque algunos expertos las situaban en 2009 alrededor de los 900 millones de euros. Incluyen impuestos tales como renta, patrimonio, IBI, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y transmisiones patrimoniales
  • A los 2400 colegios católicos concertados existentes ese año se destinó un presupuesto de 3500 millones de euros.
  • Los profesores de religión, capellanes hospitalarios, carcelarios castrenses suponen más de 600 millones de euros adicionales.
  • Los hospitales concertados, ambulatorios, centros de ancianos, discapacitados y orfanatos gestionados por la Iglesia recibieron del Estado más de 2000 millones de euros.
  • Las donaciones de entidades públicas, ya sea en efectivo (a asociaciones antiabortistas, en defensa del ideario vaticano de familia, fundaciones educativas, etc.) o en terrenos urbanizables (piénsese en el complejo eclesiástico que se deseaba construir en las Vistillas, en pleno centro de Madrid, en terreno donado generosamente por el Ayuntamiento). Este dinero es muy difícil de rastrear, pues se encuentra repartido en miles de presupuestos públicos por todo el país.
  • Ninguna de las partidas mencionadas es empleada por la Iglesia en el mantenimiento del patrimonio histórico-artístico, por el que el Estado aporta una cantidad adicional de 200 millones.

Por todo ello, pedimos:

  • Eliminación efectiva a corto plazo de la asignación del 0,7% del IRPF y sustitución por un sistema de autofinanciación directa por parte de sus fieles. También se normalizará la situación fiscal de la Iglesia, poniendo fin a las prebendas de que disfruta con múltiples exenciones de impuestos en las diferentes administraciones públicas.
  • En el ámbito educativo se procederá a la supresión del concepto de colegio concertado, convirtiéndose cada centro en público puro o privado puro según el caso. Además, se eliminará el cargo al Estado de los costes de la asignatura de religión en los colegios públicos. Los centros estarán disponibles para la impartición de dicha asignatura por parte de la Iglesia, ya sea en forma gratuita o mediante el cobro a los padres que la deseen como actividad extraescolar.
  • Eliminación de las subvenciones a centros sanitario/asistenciales religiosos, manteniendo la Iglesia aquellos que quiera y pueda costear con aportaciones de sus fieles y convirtiendo el resto en centros públicos adscritos al sistema público de salud, de residencias de ancianos o asignados al desarrollo de la ley de dependencia.

Grupo de Trabajo de Economía de Acampada Sol. 17 de agosto de 2011

Nota 1. En relación al PIB, los siguientes países nos superan en gasto educativo público: Suecia, Dinamarca, Francia, Austria, Bélgica, Finlandia, Alemania, Noruega, Italia, Portugal, Luxemburgo, Gran Bretaña, Canadá, Hungría, etc. Fuente: OCDE

Nota 2. En relación al PIB, los siguientes países nos superan en gasto sanitario público: Francia, Austria, Alemania, Canadá, Bélgica, Holanda, Portugal, Nueva Zelanda, Dinamarca, Suecia, Islandia, Italia, Reino Unido, Noruega, etc. Fuente: OCDE