Iniciativa de reforma de la ILP

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La iniciativa de reforma de la ILP

El hecho de que una única ILP haya sido sancionada por las Cortes tras más de treinta años de democracia pone de relieve las numerosas trabas institucionales y políticas que hacen casi imposible la aprobación de tales iniciativas. Además de las limitaciones impuestas por la Constitución de 1978 y la LOILP de 1984, las ILP en España se enfrentan a la discrecionalidad de la Mesa del Congreso, a la dificultad de reunir un número excesivo de firmas y al habitual recelo que nuestros diputados suelen expresar contra la participación ciudadana. Pero aún así no nos resignamos a dejar de utilizar este recurso legislativo ya que el éxito de una ILP no sólo se mide por la decisión del Parlamento, sino también por el proceso mismo de su gestación. Es decir, existe la posibilidad de que la ILP que estamos preparando no sea aprobada por el Congreso, pero de ser así al menos confiamos en que ayude a difundir, concienciar y educar a la ciudadanía sobre los grandes déficits participativos de la democracia española. Igualmente esperamos que sirva para evidenciar de manera flagrante el alejamiento entre la clase política y la gente corriente. Toda ILP que consiga dichos objetivos no puede ser considerada un fracaso. Por tanto, teniendo en cuenta el precario estado en el que se encuentra la democracia participativa en nuestro país, proponemos una reforma en los aspectos indispensables de la ILP que abran la puerta a la participación del pueblo en la gestión del bien público. ILP-300x300.jpg

Objetivos de la reforma

Los artículos a tocar deben por tanto ser ni más ni menos que los suficientes para articular una Iniciativa Popular que solvente las carencias del ordenamiento vigente y sea válida como herramienta legislativa de los de abajo. Aunque se desarrolle posteriormente en su ley, en el texto constitucional se debe asegurar:

  • Que ninguna ley ni la propia Constitución están fuera de su alcance, sometiéndose sólo a las restricciones que emanan del cumplimiento de la declaración de derechos humanos y otras cartas de derecho internacional que se reconozcan.
  • Ninguna ILP puede vulnerar los derechos fundamentales básicos, los cuales no pueden ser sometidos a consulta popular
  • Que pueda finalizar en referéndum si es rechazada en el Congreso y así lo desea la comisión promotora. Se debe reclamar por tanto el fin de la prohibición al carácter vinculante del referéndum y la abolición del actual plebiscito consultivo.
  • Que de facilidades a los medios de recogida de firmas y apoyos mediante nuevas tecnologías
  • Que establezca un límite presupuestario y de publicidad para evitar el abuso y la manipulación de las maquinarias propagandísticas de las grandes corporaciones o grupos de presión.
  • Que se articulen las garantías necesarias para que durante la discusión de una ILP se promueva la libertad de expresión, el debate público y la igualdad de oportunidades de todas las partes.
  • Que durante el proceso de tramitación de la ILP se proteja el derecho de los ciudadanos a recibir una información libre, veraz y sin manipular.

De esta manera pretendemos que la ILP se convierta en un instrumento que potencie la participación como uno de los pilares sobre los que se asienta la idea de democracia y como uno de los criterios fundamentales de control del poder político. Proponemos una nueva legislación que regule la iniciativa legislativa popular en los siguientes términos que consideramos indispensables para el buen funcionamiento de todo sistema que se precie democrático

  • Que potencie la deliberación popular y el compromiso ciudadano.
  • Que permita desarrollar nuevas formas de organización de la ciudadanía y de las propias estructuras institucionales.
  • Que sirva para fortalecer la participación activa y responsable de los ciudadanos en los asuntos públicos que resulten de su interés.
  • Que el pueblo pueda influir de forma directa en el proceso legislativo como sociedad civil dinámica y organizada.
  • Que la ILP sea un verdadero instrumento de canalización legislativa de aquellas demandas que cuentan con un importante apoyo social y que sin embargo, no encuentran eco en las formaciones políticas con representación parlamentaria.
  • Que la opinión ciudadana, y no únicamente los partidos políticos, también pueda definir y discutir sobre aquellos temas que deban de ser sometidos al debate y a la votación pública
  • Que sirva para responsabilizar a la ciudadanía en la gestión de la cosa pública e impulse la concienciación de ciudadanos comprometidos con el bien colectivo.
  • Que tenga un reverso de pedagogía cívica y sea una experiencia útil para crear ciudadanos mayores de edad desde el punto de vista político.
  • Que sea una escuela de ciudadanía democrática.
  • Que genere un capital social fuerte sobre el que se asiente la democracia y el rendimiento claro y responsable de los gobiernos.
  • Que sirva para aumentar la transparencia en la administración pública, fiscalice la labor legislativa de los parlamentarios y controle los excesos del poder ejecutivo.
  • Que sirva para mejorar la gestión pública e influya para que los recursos de todos sean administrados de forma mucho más eficiente.

Explicación gráfica

  • Cómo funciona actualmente

Funcionamiento ILP actual


El Parlamento se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el texto propuesto por los ciudadanos, sin posibilidad alguna por parte de éstos de intervenir en el proceso. Además, si el independiente Tribunal Constitucional decide que no procede, la iniciativa no prospera.

  • Qué proponemos desde Política a Corto Plazo


Propuesta de ILP nueva

En esta propuesta la soberanía es real, no formal. En caso de que la comisión promotora de la iniciativa no acepte las modificaciones introducidas por el Congreso, en el referéndum resultante se votarán la propuesta original y la modificada. En el caso de que se acepte, se tomará también la decisión de si procede o no someterlo a referéndum vinculante o aplicarse directamente. Para determinadas leyes, el referéndum será obligatorio.

Estrategia

Por extraño y antidemocrático que parezca, reformar la ley que regula la Iniciativa Legislativa Popular está fuera del alcance de la propia Iniciativa Popular, al tratarse de una ley orgánica, al igual que sucede con la constitución. Trataremos de evitar los vetos presentando una modificación constitucional que incida en los puntos precisos. A este respecto cabe decir que en muchos países se reconoce la iniciativa popular de la reforma de la Constitución, aunque suele necesitar de un número de firmas mayor que la modificación que cualquier otra ley. Esta posibilidad existe en países como Suiza, Liechtenstein, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Eslovenia, Rumania, Colombia, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Perú, Guatemala y Uruguay.

Una vez admitida por la Mesa del Congreso (un mero acuse de recibo), se evalúa su cumplimiento con la legislación y, en caso de que se acepte, se inicia el proceso de recogida de firmas y su posterior presentación al Congreso. De rechazarse por la mesa, existe la posibilidad de recurrir esta decisión al Tribunal Constitucional, que estudiaría su constitucionalidad o no. Lo más seguro es que la Iniciativa se rechace, pero el "no" ya lo tenemos.

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Existen por tanto dos estrategias, dependiendo de la decisión de la Mesa del Congreso:

  • Que se rechace (muy probable): Recurrir la decisión al Constitucional. De ser rechazado también aquí, realizar una campaña de difusión con todos los medios a nuestro alcance que muestre lo escasamente democrático que es nuestro régimen, pues el nivel de legitimidad de una democracia sólo se sustenta en las libertades políticas que consiente.
  • Que se acepte (muy improbable): Bien en primera instancia, en la Mesa, o en segunda, en el Constitucional, recoger las firmas y hacer todo lo posible por que la Iniciativa no se tergiverse por los partidos políticos.

La propuesta

TEXTO ACTUAL

Artículo 87.

  1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.
  2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de Ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de Ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
  3. Una Ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de Ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de Ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

Artículo 162.

  1. Están legitimidados:
    1. a. Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.
    2. b. Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
  2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

Artículo 166.

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.

Artículo 167.

  1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.
  2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de dos tercios podrá aprobar la reforma.
  3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

TEXTO DE LA MODIFICACIÓN

Exposición de Motivos

La presente reforma constitucional pretende evolucionar la actual constitución para profundizar en los mecanismos de participación democrática.

El Articulo 23 de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes. Sin embargo el desarrollo de los mecanismos de participación directa en el texto Constitucional no es comparable, quizás como consecuencia lógica del momento histórico en el que la Constitución fue desarrollada, con el realizado de los mecanismos de representación.

El desarrollo de mecanismos de participación directa adecuados son fundamentales en un Estado democrático como el español, en el cual, como indica el Articulo 1 de la Constitución, la soberanía nacional reside en el pueblo español. Es esta la razón que anima la presente reforma constitucional por la que se intentan eliminar las limitaciones existentes para la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos a la vez que se incluyen los mecanismos constitucionales adecuados para asegurar que esta participación directa de los ciudadanos sea efectiva y sirva a su utilidad última de consolidar los fundamentos democráticos del Estado español.

Esta profundización democrática requiere en primer termino eliminar las limitaciones actuales en el ejercicio de los referéndum que deben cambiar su carácter consultivo por el de vinculante como consecuencia de ser decisiones emanadas directamente del pueblo español.

En segundo termino esa reforma constitucional pretende desarrollar mecanismos de iniciativa popular que permitan de forma efectiva actuar sobre los asuntos públicos por medio del refrendo o revocación legislativa, de tratados internacionales y de cargos públicos.

En tercer lugar esta reforma incluye mecanismos para desarrollar la participación directa de los ciudadanos en todos los niveles de participación política, tanto en la administración autonómica como local, por medio de mecanismos como los anteriormente citados para el gobierno nacional.

Así mismo desarrolla el papel de los diferentes órganos de representación popular facultándolos de la potestad para la convocatoria de plebiscitos a instancia de una parte del congreso, senado o de las comunidades autónomas como representantes de la ciudadanía de su ámbito correspondiente.

Por último esta reforma asigna al Estado la responsabilidad de garantizar los medios necesarios para que esta participación sea efectiva así como los mecanismos de control precisos para que el ejercicio del derecho de los ciudadanos a su participación directa dinamice el gobierno de manera que refleje lo más fielmente posible las necesidades y deseos del pueblo español mejorando la eficiencia de la administración y el gobierno del estado.

Modificación normativa

Consensuado 26-jun-2012

En cursiva los cambios respecto a la redacción original.

Por la presente se modificarán los siguientes artículos y apartados de artículos de la Constitución española, quedando redactados como siguen:

Articulo 87.
  1. La iniciativa legislativa correspondiente al Gobierno, al Congreso y al Senado, como poderes del Estado que emanan del pueblo español, se regulará de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.
  2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de Ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de Ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
  3. La iniciativa legislativa popular correspondiente al pueblo español, como titular de la soberanía nacional, se regulará de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica que desarrolle las formas de ejercicio y requisitos de la misma para la presentación de proposiciones de Ley.
    1. La iniciativa legislativa popular procederá en todo tipo de materias excepto en aquéllas cuyo objeto normativo sea la supresión, suspensión o restricción de los derechos fundamentales y libertades públicas, siendo el Tribunal Constitucional quien dictamina si en su articulado se vulneran las libertades o derechos citados.
    2. La iniciativa legislativa popular no aprobada por el Parlamento, y sobre la cual el Tribunal Constitucional haya resuelto que en su articulado no se vulnera libertad pública ni derecho fundamental alguno, se remitirá al pueblo español, para que medio de referéndum vinculante decida sobre la aprobación o rechazo de la misma. Este proceso se regulará en la Ley Orgánica de su desarrollo.
    3. En todo caso se exigirán, bien 300.000 firmas acreditadas, bien aquellos requisitos que se establezcan para instar dicha iniciativa por otras formas distintas a la anterior, que se regulen en la Ley orgánica de su desarrollo.
Artículo 162.
  1. Están legitimados:
    1. Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas así como 300.000 firmas acreditadas de ciudadanos dentro del plazo y forma que se establezca para este último supuesto. en la Ley Orgánica reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
    2. Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
  2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.
Artículo 166.
  1. La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 87, exigiéndose para el último apartado 500.000 firmas acreditadas.
Artículo 167.
  1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.
  2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de dos tercios podrá aprobar la reforma.
  3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras, así como 300.000 firmas acreditadas de ciudadanos, dentro del plazo y forma que se establezca para este último supuesto, en la Ley Orgánica reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.

Recursos

Genéricos

Modelos de reforma de la ILP a tener en cuenta

Material de análisis del estado actual de la ILP y de las libertades políticas



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