ILP

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Introducción

Tras casi cuatro décadas de dictadura, el cambio político en España, tras la muerte de Franco, no se produjo mediante una ruptura con el régimen autoritario, ni tan siquiera mediante un proceso de justicia transicional, sino a través de una reforma política controlada por los herederos del franquismo, aunque a veces fuese necesario el acuerdo con los grupos moderados de la oposición. Como dice el profesor V. Navarro, la "Transición inmodélica de la dictadura a la democracia que ocurrió en nuestro país, modificó, pero no rompió, con el enorme dominio en la vida política que las fuerzas conservadoras –la banca y la gran patronal, cohesionadas por la ideología de la Iglesia católica y defendidas por el Ejército, la policía y la judicatura- habían tenido durante la dictadura". Esta hegemonía que el organigrama post-franquista ejerció durante la transición democrática preservó los intereses de las élites políticas, económicas y sociales procedentes del franquismo, en detrimento de la influencia política de las clases populares, que sólo tenían la calle para reivindicar su protagonismo. Así se creó un modelo que en la práctica quedó limitado a la mera alternancia en el poder de unos partidos cerrados y fuertemente jerarquizados, al que habría que añadir la influencia de la magistratura franquista en el poder judicial y la permanencia de la burocracia del anterior régimen. Parlamentarismo.jpeg

Al margen de algunos casos especiales, como el de los Presupuestos Participativos, los foros ciudadanos o el movimiento vecinal en algunas partes del país, las condiciones para la participación política del pueblo español se encuentran severamente restringidas en la Constitución de 1978. Ésta constriñe las libertades políticas al voto cada cuatro años dentro un sistema electoral injusto y no proporcional.

Tal situación contradice algunos de los más básicos principios democráticos ya que se obstaculiza la directa participación del titular de la soberanía, que no es otro que el pueblo, en la tarea de elaboración de las normas que rigen sus propia existencia. Por ejemplo, mecanismos de participación política tan básicos en el resto de los países de Europa como la iniciativa legislativa popular (ILP), están estrictamente controlados y recortados en España. Si bien la Ley Orgánica 3/1984 reguladora de la ILP (LOILP) tenía por finalidad "intensificar la participación de los ciudadanos y de los grupos en la vida pública" mediante la "directa participación del titular de la soberanía en la tarea de elaboración de las normas que rigen las vidas de los ciudadanos", en realidad dicha ley ha obstaculizado enormemente la utilización de este instrumento de participación ciudadana. No ha mejorado la situación la insuficiente reforma de la legislación en en este campo que fue introducida en el año 2006, y que sólo sirvió para ampliar el plazo de recogida de firmas.

De hecho, la mayoría de las peticiones de iniciativas legislativas populares registradas en nuestro país han sido desestimadas. De las 88 iniciativas presentadas desde 1982 hasta la actualidad, tan sólo 9 han llegado a ser discutidas en el hemiciclo, resultando 8 de ellas rechazadas por el Congreso y únicamente una aprobada y convertida en ley. Como se puede observar en el siguiente cuadro, algunas de esas 8 iniciativas denegadas por el voto de los diputados fueron tramitadas con fines tan razonables como lograr la gratuidad de los libros escolares, la reducción de la jornada laboral a 35 horas, la garantía de un mínimo presupuestario para la Educación, etcétera. La única ILP aprobada en España hasta el día de hoy lo hizo al subsumirse en otro proyecto de ley. Es decir, la iniciativa presentada en noviembre de 1995 sobre la reclamación de deudas comunitarias no se aprobó y terminó por subsumirse en otra proposición de ley que fue aprobada en abril de 1999 como la Reforma de la Ley 49/1960 sobre Propiedad Horizontal. Tras su votación, el presidente del Consejo General del Colegio de Administradores de Fincas, señalaba que "se trata de la ley más democrática aprobada hasta el momento en las Cortes, porque ha sido promovida por los ciudadanos".

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Y todo esto a pesar de que la Iniciativa Legislativa Popular no es de una reivindicación exótica o extravagante, sino que se trata de una realidad constatable en numerosos partes del mundo. Por ejemplo, en países tan diversos como Suiza, Perú, Letonia o Costa Rica, entre otros, la labor legislativa emanada directamente del pueblo representa un instrumento democrático indispensable. Es pues la ILP una herramienta necesaria en cualquier sistema moderno que muestra con claridad el nivel de participación del pueblo soberano en su Gobierno. En España, el reducido grado de participación ciudadana en este sentido demuestra el pobre estado de salud de la democracia en nuestro país. Esta situación pone bien a las claras el poco respeto de la mayoría de los parlamentarios españoles a la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 21.1 y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 25, pues ambos aluden específicamente a los derechos participativos de los ciudadanos. Otros textos internacionales recogen la necesidad de la participación ciudadana como herramienta necesaria para la articulación de la democracia, tal es el caso del Libro Blanco para la gobernanza europea de 2001 y las recomendaciones contenidas en las Comunicaciones de la Comisión Europea sobre una nueva cultura de consulta y diálogo de 2002.

En definitiva, el sistema político y el ordenamiento jurídico nacidos de la transición fueron construidos con el objetivo de reforzar los mecanismos de representación y poder de los partidos políticos mayoritarios, no de los ciudadanos. Como apunta Jaime Pastor, profesor de la UNED "ante el miedo a perder el control, se optó por blindar un sistema bipartidista y la Transición misma". De este modo, en los últimos cuarenta años no se ha contruido una democracia en nuestro país, sino una “partitocracia” en la que capacidad legislativa es un privilegio exclusivo de una clase dirigente afincada en un sistema de partidos bastante rígido y excluyente. Éste condena a los ciudadanos a la alienación política que coarta el uso legítimo de herramientas propias de un verdadero sistema democrático, el cual debería mantener su legitimidad en la soberanía popular y en la fuerza del pueblo (iniciativa legislativa popular, referéndum vinculante, poder constituyente, etc.)

Ejercicio de la Petición Legislativa a nivel nacional

Como ya se ha visto más arriba, a lo largo de treinta años tan sólo han sido presentadas 88 ILP’s en España. Desde 1982 se han elevado una media de poco más de 3 iniciativas populares al año. Sólo entre 2000 y 2010 se tramitaron 74 iniciativas con una similar finalidad legislativa en el estado de California. Por tanto,aunque el número de ILP presentadas ha ido creciendo paulatinamente en los últimos años, siendo el período entre 2008 y 2011 el más activo con 23 iniciativas registradas, parece claro que los españoles confían poco en este instrumento de participación. Algo que no es de extrañar pues, como se aprecia en el cuadro siguiente, en el 90% de los casos las ILP no han sido admitidas a trámite por la Mesa del Congreso, han caducado durante los trámites parlamentarios o han sido rechazadas en las Cortes. Sin embargo, en los últimos años parece que la ILP ha despertado un mayor interés entre la población. ILP cuadro2.png

La última legislatura ha sido la más activa en la historia de la democracia española desde el punto de vista de presentación de nuevas ILP. Entre 2008 y 2011 se han presentado 21 ILP’s (13 de ellas en 2011), el doble que en las tres legislaturas anteriores. Un aumento que parece estar relacionado con la creciente desafección de amplios sectores sociales ante el sistema partitocrático, los síntomas de agotamiento del sistema representativo y la emergencia de nuevos movimientos sociales como el 15M .

En Ejercicio de la Petición Legislativa a nivel nacional se enumeran las ILP que no han salido adelante y el resultado de su tramitación desde la II Legislatura hasta la actualidad

Estado actual de la ILP

En la legislatura actual las Cortes debatirán la iniciativa legislativa popular "para el empleo estable y con derechos". La Junta Electoral Central ya ha acreditado que esta ILP cuenta con las 500.000 firmas requeridas. Aparte, hay otras once iniciativas que, si logran los apoyos necesarios, podrían llegar a discutirse en el Pleno de la Cámara Baja. Una de ellas es la propuesta para regular la dación en pago para los créditos hipotecarios, de manera que la entrega de la casa sirva para saldar la deuda. Esta ILP, que promueven varias asociaciones y sindicatos catalanes, también persigue la paralización de los desahucios y el fomento del alquiler social. Igualmente están siendo tramitadas en la actualidad otras ILP, como la que pide el esclarecimiento de los casos de robo de recién nacidos y menores durante la dictadura franquista o la que demanda que la fiesta de los toros sea declarada Bien de Interés Cultural.

Pero hay que dejar bien claro que la Iniciativa Legislativa Popular articulada por la Constitución de 1978, el desarrollo legal de la LOIPL de 1984 y la última reforma legislativa de 2006 no merece ser así denominada, pues es puramente formal. Su regulación la define más bien como una mera petición pública a los representantes políticos. Sus carencias son fundamentales, inaceptables, y la invalidan completamente como herramienta válida para ejercer la soberanía popular. Para ilustrar esta idea basta decir que:

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  • La presentación de una ILP no conduce a un referéndum, sólo se limita a introducir una proposición de ley en el Congreso, la cual suele ser rechazada por las fuerzas parlamentarias. De las nueve ILP que se han tratado en las Cortes españolas desde 1982, sólo una se ha convertido en ley. El resto se ha desechado sin apenas debate dentro del Parlamento.
  • Las 500.000 firmas requeridas para que la ILP sea aceptada a trámite en el Parlamento representa una cantidad muy superior al número de firmas que se necesita en otros países de nuestro entorno, aproximándose más a otros sistemas con regímenes presidencialistas. La cantidad de firmas que se exigen en España es una de las más elevadas de Europa, pues requiere en torno al 1.45% del número de habitantes, mientras que en países como Italia, Holanda y Portugal este porcentaje baja al 0.1%, al 0.3% y al 0.3% respectivamente. Las nuevas tecnologías están llamadas a ayudar a superar este escollo mediante la firma elctrónica, como ya se puso de relieve en 2009 para el caso de la ILP sobre el trasvase Tajo-Segura.
  • La comisión promotora de la Iniciativa pierde todo control sobre ella en cuanto queda en las manos del Congreso, no pudiendo ni siquiera retirarla por estimar que las tergiversaciones introducidas por los congresistas difieren de su objetivo original. Si la ILP es aceptada por la Mesa del Congreso, éste se la apropiará y realizará su tramitación como una ley ordinaria. En consecuencia, la comisión promotora de la ILP no puede defenderla en sede parlamentaria, quedando como mera espectadora, sin opción de expresar su opinión ante las posibles enmiendas y modificaciones parlamentarias. Como resultado, de las 9 ILP que se han admitido a trámite en el Congreso, 8 han sido rechazadas por sus señorías sin escuchar a la comisión promotora y sin someter a debate el fondo de las propuestas.
  • Está prohibida expresamente por el artículo 87.3 de la constitución para modificaciones de la ley electoral y demás leyes orgánicas, así como para asuntos de carácter internacional. Estamos hablando de la totalidad de las leyes básicas que definen el Estado vigente.

La iniciativa de reforma de la ILP

Los mecanismos democráticos como la ILP pueden ayudar a fomentar el asociacionismo civil y a comprometer a la ciudadanía en los asuntos públicos, con la consecuente revitalización democrática de un país. Teniendo en cuenta el precario estado en el que se encuentra la democracia participativa en España, la Red Grupos de Política de Madrid 15M proponemos una reforma en los aspectos indispensables de la ILP, que hagan de la misma una verdadera herramienta de expresión ciudadana y abran la puerta a la participación del pueblo en la gestión del bien público. No compartimos el miedo histórico de nuestros políticos a la voz del pueblo, pues para nosotrxs, lejos de significar un problema, herramientas como la ILP representan un mecanismo fundamental para mejorar la calidad y transparencia del sistema democrático.

Se trata de la Iniciativa de reforma de la ILP, a la que invitamos a todxs a participar, cuyo funcionamiento puede verse reflejado en este esquema:

Propuesta de ILP nueva

ILP's en las que interviene la Red Grupos de Política de Madrid 15M

A pesar de todas estas carencias, no nos resignamos a dejar de utilizar este recurso legislativo, en primer lugar porque pueda hacerse efectiva, superando las trabas al no tocar leyes orgánicas y lograr el beneplácito del Parlamento, pero sobre todo porque que el éxito de una ILP no sólo se mide por la decisión del Parlamento, sino también por el proceso mismo de su gestación, que conlleva el compromiso político y la deliberación.

Por ello, además de la iniciativa de reforma de la propia ILP, trataremos de participar activamente en cuantas ILP's podamos, documentando su proceso y pormenores en esta wiki.

Bolo.png Nosetoca.png 26.feb.2013 Documento La ILP de la PAH NO SE TOCA, publicado en madrid.tomalaplaza, donde exigimos que el parlamento no manipule la Iniciativa Legislativa Popular de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y, sea cual sea su opinión, la iniciativa original se someta a referéndum vinculante, que es lo que se hace con las ILP's en todas partes menos en el régimen totalitario parlamentarista español.

Política a Corto Plazo, Acampada Sol, 15M

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