Crisis, déficit y política fiscal

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PLANTEAMIENTO

El Grupo de Trabajo de Economía Sol del Movimiento 15-M ha elaborado con fecha 15 de junio de 2011 un documento que contiene los resultados de la reflexión efectuada hasta esa fecha sobre algunos aspectos de actualidad de la realidad económica.

El trabajo se ha materializado en 22 Propuestas Abiertas Consensuadas que pretenden ser un punto de partida para avanzar en el conocimiento, diagnóstico y formulación de propuestas que incidan en todos aquellos aspectos relacionados con la economía que afectan a la vida de los ciudadanos, tanto a nivel local como estatal y global.

La presente nota constituye un desarrollo de las Propuestas Abiertas Consensuadas 7, 8 10,11, 12 y 13 en aquellos aspectos que tienen una incidencia especial sobre la crisis económica, el déficit y la política fiscal.

La argumentación formulada por los subgrupos de política económica y sistemas financieros de las propuestas abiertas consensuadas responde a un diagnóstico muy claro de las causas de la crisis y las consecuentes líneas de acción a desarrollar para superarla de acuerdo con criterios de equidad y eficiencia:

7.- INCREMENTO DE LOS INGRESOS FISCALES MEDIANTE LA PROFUNDIZACIÓN EN LA PROGRESIVIDAD DEL SISTEMA FISCAL Y LA LUCHA EFECTIVA CONTRA EL FRAUDE.

8.- SOMETER A REFERÉNDUM VINCULANTE UN EVENTUAL RESCATE Y CUALQUIER MEDIDA DE AJUSTE O RECORTE IMPUESTOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES.

10.- CONTROL DEMOCRÁTICO Y TRANSPARENCIA DE LAS ACTIVIDADES BANCARIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.

11.- LAS INSTITUCIONES EUROPEAS HAN DE ESTAR SUJETAS AL CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS CIUDADANOS DE LA UNIÓN EUROPEA.

12.- ABOLICIÓN DE LOS PARAÍSOS FISCALES.

13.- IMPLANTACIÓN DE UN IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS QUE PENALICE LOS MOVIMIENTOS ESPECULATIVOS.

La crisis comienza como una burbuja financiera e inmobiliaria que estalla en USA en un contexto de desregulación de los mercados financieros y desarme de las Instituciones de Control, y se traslada a Europa derivando en una situación de recesión.

La disminución consiguiente de los ingresos fiscales y la articulación inicial de medidas paliativas de la crisis dispara el déficit público que es financiado mediante la emisión de deuda.

El servicio de la deuda, incrementado por las dudas respecto a la solvencia de los países emisores, y alimentadas por intereses especulativos, lleva a los déficits a cuantías insostenibles.

Esta situación se produce, además, en un escenario en el que las políticas fiscales de los últimos 25 años han vaciado la progresividad de los sistemas tributarios, han limitado de forma notable el gravamen las rentas del capital y han permitido muy elevadas cotas de incumplimiento tributario por la utilización intensiva de los paraísos fiscales.

Las medidas configuradas por el Pacto del Euro y exigidas por los mercados financieros para la reducción del déficit consistentes en recortes del gasto público, de las prestaciones sociales y la liquidación de los activos públicos resultan poco equilibradas al no considerar la vertiente de los ingresos tributarios y el fraude fiscal remansado en las jurisdicciones donde impera el secreto y son contraproducentes para impulsar el crecimiento y la creación de empleo.

La manifestación última de estas exigencias ha conllevado la iniciativa de exigir un tope de déficit público configurado constitucionalmente.

Frente a esta situación, las propuestas abiertas del grupo de trabajo de economía sol plantean una acción de las Instituciones de la Unión Europea, impulsada de acuerdo con decisiones adoptadas democráticamente por los pueblos, que regule e intervenga en los mercados de deuda y coordine las políticas fiscales de los países miembros.

Una acción de estas características, que obviamente ha de tener una vocación más amplia que el propio ámbito de la Unión y explorar de inmediato líneas de acción conjuntas con USA, requiere la creación de un presupuesto comunitario dotado con los suficientes recursos para que pueda cumplir las funciones de asignación, redistribución y estabilización.

Las políticas fiscales coordinadas por las instituciones supranacionales según las decisiones democráticamente adoptadas por los pueblos, han de generar recursos tributarios suficientes, de acuerdo con sistemas fiscales progresivos y que contribuyan al sostenimiento del medio ambiente, para impulsar inversiones en infraestructuras tecnológicas, educativas y físicas que permitan la creación de empleo sostenible y de calidad.

Y ello sin perjuicio de que quede por perfilar el concepto de déficit estructural, que hay que configurar desde la perspectiva del ciclo económico, considerando, además, que el gasto en inversión ha de ser financiado con endeudamiento y con el superávit del presupuesto corriente, no simplemente con ingresos corrientes.

De esta forma el déficit derivado de los gastos de inversión, que generan beneficios en períodos plurianuales, deberá enjugarse a lo largo de la vida de la inversión con los ingresos corrientes derivados de tales beneficios y en ningún caso computar como déficit estructural.

La obtención con justicia de ingresos fiscales suficientes para preservar el Estado social, garantizar la estabilidad financiera y reactivar la economía requiere actuar sobre las siguientes realidades:

EL FRAUDE FISCAL

Una acción eficiente de las Administraciones tributarias contra el fraude fiscal ha de permitir recuperar los ingentes recursos públicos evadidos por quienes han incumplido sus obligaciones tributarias.

ENFOQUE DEL PROBLEMA: UNA APROXIMACIÓN CUANTITATIVA

Aunque no existen estudios oficiales en nuestro país sobre las cifras de fraude fiscal, y existe consenso en la dificultad que comporta su estimación, es posible considerar determinados datos que permiten aventurar alguna cifra orientativa y formar el convencimiento de que se trata de una magnitud muy relevante en la configuración del desequilibrio de las cuentas públicas. a) El Foro Global sobre Transparencia. Así, en el resumen informativo facilitado el 10 de agosto de 2011 por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información a Efectos Fiscales de la OCDE se dice literalmente: “La evasión fiscal y el fraude fiscal amenazan los ingresos de los gobiernos en todo el mundo. En muchos países desarrollados las cantidades ascienden a centenares de miles de millones de euros y los países en vías de desarrollo pierden ingresos fiscales que son vitales como consecuencia del fraude fiscal….” b) El Subcomité Permanente de Investigación del Senado de los Estados Unidos. El fraude fiscal en USA. Por su parte el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos en el informe de 17 de julio de 2008 titulado “Bancos en paraísos fiscales y cumplimiento fiscal en U.S.” indica que: “Cada año los Estados Unidos se estima que pierden 100.000 millones de dólares de ingresos fiscales como consecuencia de abusos fiscales offshore. Estos fondos representan una porción sustancial del gap fiscal anual de los Estados Unidos, que es la diferencia entre lo que los contribuyentes estadounidenses deben y lo que pagan, estimado en 345.000 millones de dólares.” Las cifras que cita el Senado de los Estados Unidos referente al gap fiscal son las que resultan del último estudio realizado sobre la materia por la Agencia Tributaria estadounidense –Internal Revenue Service I.R.S.- que se remonta a 2001. Por su parte Benjamin Harris economista e investigador en la Brookings Institution, un grupo investigador citado por el diario Pittsgurg Tribune el 3 de julio de 2011 considera que es posible estimar que el fraude fiscal estadounidense ascendió en el ejercicio 2010 a una cifra situada entre 410.000 y 500.000 millones de dólares. Se espera que el I.R.S. publique una cifra actualizada del gap fiscal estadounidense a fines de 2011. c) FUNCAS y la Universidad Rey Juan Carlos. En España la Fundación de Estudios de las Cajas de Ahorro FUNCAS ha publicado el 20 de junio de 2011 un estudio encomendado a los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, María Arrazola, José de Hevia, Ignacio Mauleón y Raúl Sánchez en el que se cifra el importe de la economía sumergida en España en el 21,5%del PIB. Si el PIB en 2010 ascendió aproximadamente a 1,115 billones de euros, el importe de la economía sumergida, de acuerdo con las estimaciones de los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, importaría 240.000 millones de euros. Habiéndose elevado la presión fiscal en 2010 al 31.5 % del PIB cabría estimar en 75.000 millones de euros los recursos fiscales que el Erario Público ha dejado de ingresar en 2010 como consecuencia de la economía sumergida. Si aceptamos a título de mera hipótesis que la relación entre el fraude fiscal total y el que tiene que ver con la utilización de paraísos fiscales es similar a la observada en USA, entonces podría considerarse que el fraude en España debido al concurso de países y plazas financieras que no facilitan información tributaria no sería inferior a los 20.000 millones de euros anuales. d) Algunos casos reveladores de la magnitud del fenómeno. Las cifras referidas ganan en verosimilitud cuando se conocen algunos resultados de actuaciones puntuales desarrolladas por la Justicia para la represión penal de los fraudes más graves que han trascendido a la prensa en el último año. La primera de ellas tiene que ver con un empresario que presuntamente ha simulado su residencia fiscal en Portugal y respecto al que el Juez ha acordado en julio de 2010 un embargo cautelar de sus bienes por importe de 400 millones de euros para atender las posibles responsabilidades tributarias que pudieran determinarse. La segunda, publicada en junio de 2011, se refiere a los ingresos tributarios de 200 millones de euros que ha efectuado fuera de plazo la familia de un financiero cuando trascendió que tenía cuentas abiertas en el banco HSBC en Suiza. La tercera, publicada a fines de julio de 2011 informa de un empresario del sector del acero que habría simulado su residencia en Suiza y al que la Agencia Tributaria reclama 90 millones de euros. Resulta significativo que estas tres personas se encuentran entre los 10 contribuyentes más ricos de España. e) El impacto del fraude fiscal en el déficit. Siendo el déficit público a 31 de diciembre de 2010 del 9,2% del PIB, es decir, algo más de 100.000 millones de euros, se advierte con claridad qué efectos tendría para la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, que han llegado a generar dudas sobre la solvencia de España, el éxito en la tarea de disminuir el fraude fiscal. En resumen e insistiendo en la idea inicial, las cifras expuestas son estimaciones que, más allá de su concreción exacta, sirven, sobre todo, para formar la convicción de que combatir con la máxima determinación el fraude fiscal constituye una tarea central y prioritaria para atajar el déficit y reducir la deuda. f) La reducción del fraude, requisito de la suficiencia del sistema tributario. Pero es que, además, ganar eficacia en la reducción del fraude fiscal resulta ser la condición y el requisito para que sea posible la reinstauración de la progresividad fiscal y el gravamen adecuado de las rentas del capital. De poco vale aumentar los tramos de la base imponible del IRPF para aplicar tipos de gravamen más elevados a las rentas más altas si los ciudadanos que las perciben las ocultan en cuentas abiertas en Andorra o en Suiza o en Singapur. De poco vale reinstaurar el Impuesto sobre el Patrimonio o recuperar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones si los dueños de la riqueza la ostentan a nombre de sociedades de testaferros constituidas en las Islas Cayman o en Panamá o en Belice. De poco vale suprimir deducciones o desgravaciones en el Impuesto sobre Sociedades o elevar su tipo de gravamen si luego las compañías sitúan artificialmente sus bases imponibles en sus filiales de Jersey, las Islas Vírgenes u Holanda. 2. ACCIONES URGENTES PARA REDUCIR EL FRAUDE FISCAL. Las acciones inmediatas para atajar un fenómeno que, si resulta grave, por injusto, en épocas de bonanza, ahora puede determinar la pérdida de las conquistas sociales que configuran el Estado del Bienestar y afectar a la propia subsistencia de la mayoría de los ciudadanos, son las siguientes: 2.1 ELIMINACIÓN DE LOS PARAÍSOS FISCALES. La reducción efectiva del fraude fiscal requiere tener presente la situación y el papel, en este momento, de los países, territorios y plazas financieras que se han venido denominando paraísos fiscales o territorios no cooperantes por facilitar el fraude fiscal en el resto de las naciones, erosionando sus bases imponibles y sus ingresos tributarios, fundamentando su riqueza en el expolio de los recursos de terceros. Terminar con esas conductas supone un paso cualitativo de un inmenso calado no solamente para que los sistemas fiscales puedan desplegar sus verdadero potencial sino también para sentar unas bases sanas para el funcionamiento del sistema financiero internacional impregnado ahora de la opacidad y falta de transparencia 2.1.1 CONCEPTO DE PARAÍSO FISCAL. Paraíso fiscal es toda aquella jurisdicción que niega la información que terceros países necesitan para poder aplicar sus sistemas fiscales, aunque sea a costa de hacerse partícipes de la evasión y el delito, consagrando el secreto bancario y el anonimato, como hace Suiza, valores centrales de su sistema legal y constitucional. 2.1.2 LA UTILIZACIÓN DE CUENTAS SECRETAS. Los bancos que operan en esos territorios, porque están constituidos en los mismos o porque allí tienen abiertas filiales o sucursales, en ocasiones en connivencia despachos de abogados dedicados a la asesoría fiscal, ofrecen a sus clientes estructuras societarias y productos bancarios y financieros donde sitúan la riqueza que ha escapado al control fiscal en el país de residencia con el atractivo de que la Agencia Tributaria de ese país no va a tener acceso a tal información. A este respecto y con independencia de que en España operan los principales bancos suizos, también conviene tener presente que los bancos y cajas españolas tienen presencia física en los territorios que han venido denominándose paraísos fiscales, países no cooperativos o jurisdicciones secretas. 2.1.2.1 Algunos ejemplos. Los escándalos fiscales de las cuentas secretas abiertas en el BBVA PRIVANZA JERSEY, en el LGT BANK de Liechtenstein, en la UNIÓN DE BANCOS SUIZOS, en el CREDIT SUISSE y en el HSBC CREDIT BANK SUISSE, ofrecen datos significativos de las conductas desarrolladas para la evasión fiscal con el soporte de territorios no cooperativos La Unión de Bancos Suizos. USA. El Informe de 17 de julio de 2008 “Bancos en paraísos fiscales y cumplimiento fiscal en U.S.” del Senado de ese país, anteriormente citado, describe pormenorizadamente cómo la U.B.S. desplegaba de forma clandestina sus agentes bancarios en USA para captar clientes adinerados en eventos esponsorizados muchas veces por el propio banco, como regatas en las que intervenía el equipo suizo que patronea el yate Alinghi o conciertos de la UBS Verbier Orchestra, o torneos de Tenis y de Golf, o exposiciones de Arte.1. Los empleados del banco que viajaban a Estados Unidos para captar y atender a los clientes americanos declaraban en los formularios 1-94 de la Aduana a la entrada del país que la visita no era de negocios.2 La UBS, además, entrenaba a sus empleados en cómo detectar y evitar la vigilancia de los agentes de aduanas y oficiales de policía estadounidenses y cómo reaccionar si eran interpelados.3 Según el Informe, los empleados de banca privada de la UBS que viajaban a USA para encontrarse con clientes concretos adoptaban sofisticadas medidas para disimular o encriptar la información sobre las cuentas que traían con ellos en sus ordenadores portátiles, presumiblemente para que los aduaneros si los abrían “no vieran nada”.4 El empleado de la UBS informante a la Justicia estadounidense indicó que la UBS ha gestionado en Suiza durante al menos el período 2000-2007 activos procedentes de negocios no declarados en Estados Unidos por importe de 20.000 millones de dólares que han reportado al banco unos ingresos anuales de 200 millones de dólares.5 La investigación criminal desarrollada por el IRS en colaboración con el Departamento de Justicia y bajo la supervisión de un Tribunal del Estado de Florida ha supuesto que inicialmente la UBS pagara 650 millones de dólares a cuenta de las responsabilidades que finalmente se determinaran y ha forzado a las autoridades suizas a aprobar una ley que permitiera a la Agencia Tributaria suiza facilitar al I.R.S. la identidad de 4.450 clientes americanos titulares de cuentas abiertas en ese banco en Suiza. La aportación de tal información se ha efectuado con la cobertura del artículo 26 del Convenio celebrado entre los Estados Unidos de América y la Confederación Suiza para evitar la doble imposición internacional de 2 de octubre de 1996. El Credit Suisse. USA y Alemania. El Credit Suisse ha venido siendo investigado en estos dos países, al menos durante el último año. El día 21 de julio de 2011 han sido imputados tres empleados más del banco elevando a siete el número de empleados con cargos. Ese día, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha emitido un comunicado en el que resumidamente señala lo siguiente: “De acuerdo con la nueva imputación formulada, los directivos y empleados del banco internacional aparecen involucrados en una actividad bancaria transfonteriza ilegal que fue diseñada para ayudar a sus clientes estadounidenses a evadir sus impuestos sobre la renta, abriendo y manteniendo cuentas bancarias secretas en el banco y en otros bancos suizos. A finales de 2008, el banco internacional mantenía miles de cuentas secretas para clientes estadounidenses que gestionaban activos por valor de 3.000 millones de dólares. La conspiración data de 1953 e implica a dos generaciones de evasores fiscales, incluyendo clientes estadounidenses que heredaron las cuentas secretas en el banco internacional.” El día 10 de agosto de 2011 el Fiscal Jefe de Duesseldorf ha emitido un comunicado, al hilo del proyecto de acuerdo con Suiza para preservar el secreto bancario de este país que más adelante se examina, en el que señala que va a intensificar la investigación que actualmente desarrolla respecto al Credit Suisse y recuerda que en febrero varias oficinas del banco fueron registradas en esa ciudad. HSBC. España. En lo que se refiere a las cuentas abiertas en el HSBC en Suiza, la información facilitada por las autoridades fiscales francesas al Ministerio de Hacienda español relativa a titulares de cuentas respecto a los ejercicios 2005 y 2006 determinó que la AEAT requiriera a 659 contribuyentes para que regularizara su situación tributaria. El requerimiento no evitaba las sanciones administrativas procedentes aunque sí las penales si la regularización formulada era completa y veraz. Hacienda ha ingresado 260 millones de euros como consecuencia de tales regularizaciones. Sin embargo 50 clientes del banco han sido denunciados en junio de 2011 a la Fiscalía Anticorrupción porque la AEAT entendió que no habían regularizado correctamente su situación tributaria y habían defraudado en algún ejercicio al menos 120.000 euros. Conviene recordar que el HSBC fue investigado como consecuencia del caso GESCARTERA por comercializar cuentas secretas en España y sancionado con una multa de 2.1 millones de euros por la CNMV con ese motivo. Suiza, a pesar del Convenio suscrito con España para intercambiar información fiscal, ha anunciado que no facilitará a nuestro país datos de estas cuentas alegando que la información que motivó el inicio de las investigaciones había sido robada por un empleado del banco. La intervención de bufetes de abogados. La comercialización de cuentas bancarias en paraísos fiscales es promovida y favorecida con cierta frecuencia por despachos dedicados a la planificación fiscal internacional que además participan en los hechos suministrando sociedades pantalla formadas por testaferros a nombre de las cuales se abren las cuentas secretas. A este respecto es significativa la noticia, que se puede leer en www.valenciaplaza.com el 7 de julio de 2011, de que: “La Fiscalía pide 39 años de cárcel para uno de los mayores evasores de España” . “El SR. X empleaba para sus operaciones cuentas de corresponsalía de bancos como el BBV Privanza, con sede en la Isla de Jersey (Reino Unido), MMG Bank &Trust, situado en las Islas Bahamas, o el portugués Banco Espírito Santo. …las actuaciones penales contra el sr..X en la Audiencia Nacional se iniciaron en 2006 tras el análisis pormenorizado de la documentación obtenida en el registro en mayo de 2000 de la sede de BBVA Privanza que ya implicó al bufete panameño W y al madrileño Z, utilizados por el empresario. De acuerdo con la noticia publicada, la Fiscalía Anticorrupción solicita para el sr. X 39 años de prisión y una multa de 54,5 millones de euros y para el abogado titular del bufete Z que le asesoraba 27 años de cárcel y una multa de 37,11 millones de euros. 2.1.2.2 Iniciativas internacionales contra las cuentas secretas y los paraísos fiscales. Un test de suficiencia. Llegados a este punto es preciso preguntarse cuáles han sido las iniciativas que las organizaciones internacionales de carácter multilateral han desarrollado para hacer frente a esta situación, si han sido suficientes y, si no lo han sido, cuáles habrían de adoptarse para resolverla. Para que la cuestión resulte muy clara, y clara también la solución que debe adoptarse, es útil poner un ejemplo. Parece razonable que España y el resto de los países donde operan el HSBC, el CREDIT SUISSE y la UBS dispongan de la información de las cuentas que sus contribuyentes tienen en esos bancos en Suiza. Si el CREDIT SUISSE y la UBS han captado una ingente cantidad de recursos fuera de control fiscal ocultándolos mediante cuentas secretas abiertas en Suiza, es razonable pensar, conociendo la fuerte presencia en España de estos dos bancos, que la conducta de sus empleados y directivos de banca privada se ha repetido en nuestro país. Si el HSBC ya en 2001 comercializaba cuentas secretas y se sabe que lo ha hecho en 2005 Y 2006, no es aventurado pensar que lo ha continuado haciendo, al menos hasta que se conocieron los hechos en 2010. Sin embargo, en la actualidad, no existe un marco legal para que España, y el resto de los estados afectados, conozcan las cuentas secretas abiertas en esos tres bancos utilizadas para ocultar riqueza no declarada fiscalmente. 2.1.2.3 Iniciativas del G-20 y de la OCDE. Los Jefes de Estado de los países que han constituido los llamados G-7, G-8 y G-20 vienen apoyando desde 1996 el trabajo de la OCDE sobre transparencia e intercambio de información, contra los paraísos fiscales y la competencia fiscal perjudicial. Al calor del comienzo de la crisis en 2008, especialmente significativa y contundente fue la declaración de Gordon Brown al término de la reunión del G-20 celebrada en Londres el 3 de abril de 2009. “....acordamos desarrollar acciones contra las jurisdicciones no cooperativas incluyendo los paraísos fiscales. Estamos listos para aplicar sanciones en orden a proteger nuestras finanzas públicas y sistemas financieros. La era del secreto bancario ha terminado.....” Los trabajos desarrollados por la OCDE identificando aquellos países y territorios que venían rehusando a intercambiar información tributaria a efectos civiles y penales cristalizó en la publicación en 2000 de una lista de 35 jurisdicciones offshore calificadas de paraísos fiscales no cooperativos. Los compromisos adoptados por esos territorios para suscribir Convenios para evitar la doble imposición internacional y/o Acuerdos de Intercambio de Información de acuerdo con el “internacionalmente acordado standard fiscal para el intercambio de información” impulsado en la actualidad por la OCDE y asumido por las Naciones Unidas y respaldado por el G-20, contenido en el artículo 26 de los Modelos de Convenio de la OCDE y de las Naciones Unidas y en el Modelo de Acuerdo de Intercambio de Información en materia fiscal ha determinado que a fecha 10 de agosto de 20011 ninguna jurisdicción o territorio sea considerado por la OCDE como paraíso fiscal no cooperativo. En el resumen informativo facilitado el 10 de agosto de 2011 por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información a Efectos Fiscales de la OCDE, en su Anexo VIII, se enumeran los países y territorios que han implementado “sustancialmente” el estándar de transparencia por el hecho de haber suscrito 12 o más acuerdos y convenios según el modelo propugnado por la OCDE y apoyado por las Naciones Unidas y el G-20. Entre estos países y territorios se hallan Suiza, Liechtenstein, Gibraltar, Andorra, Luxemburgo y Singapur. Los países que, de acuerdo con la nota del Foro Global, se han comprometido a adoptar el estándar fiscal internacionalmente acordado, pero no lo implementado sustancialmente todavía son Montserrat, Nauru, Niue, Guatemala y Uruguay. No existe en la actualidad ningún territorio, plaza financiera o jurisdicción que no se haya comprometido a adoptar el estándar de transparencia que promueve en este momento la OCDE. 2.1.2.4 El estándar fiscal internacionalmente acordado para el intercambio de información no sirve para eliminar los paraísos fiscales. El estándar fiscal para el intercambio de información promovido por la OCDE incorporado en 2005 a los tratados y acuerdos suscritos, que sirven para calificar a un país o jurisdicción como cooperativo o no, presenta las siguientes características relevantes: La información se facilitará a requerimiento de uno de los estados contratantes siempre que sea previsiblemente relevante para el cumplimiento de las leyes del estado requirente, sin que pueda oponer el estado requerido que la información solicitada se halla en poder de un banco o que no conoce la identidad del titular real de una propiedad ostentada fiduciariamente. Evidentemente el estándar de transparencia impulsado por la OCDE supone un paso adelante, pues esgrimir el secreto bancario o el desconocimiento de la identidad del dueño real de una propiedad ostentada a través de un fiduciario para no facilitar información fiscal relevante no servirá, sin más, para negar la información requerida. Sin embargo el estándar defendido por la OCDE para evaluar la conducta de los países respecto a su cooperación en la lucha contra el fraude fiscal exige que la información sea facilitada en virtud de un requerimiento específico respecto a un determinado ciudadano y además acreditar que la información solicitada es previsiblemente relevante para evaluar la situación fiscal de ese contribuyente. La OCDE es muy clara al respecto6: “Ordinariamente la información requerida se refiere a una verificación, indagación o investigación respecto a la responsabilidad fiscal de un contribuyente determinado y unos ejercicios determinados”..…”Los requerimientos deben ser tan detallados como sea posible y contener todos los hechos relevantes, de forma que la autoridad competente que reciba el requerimiento tenga conciencia plena de las necesidades de la parte contratante solicitante y pueda gestionar el requerimiento de forma eficiente…” La idea es remachada en distintas notas y briefings del Foro Global, y por todos, por ser el más reciente, el ya reiteradamente citado resumen informativo de 10 de agosto de 2011 elaborado por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información a Efectos Fiscales de la OCDE en el que literal mente se indica en su página 34: “ El standard prohíbe las expediciones de pesca”. “Tax Justice Network”7 es contundente a la hora de valorar la utilidad del standard propugnado por la OCDE: “El intercambio de información en virtud de un requerimiento no constituye un efectivo intercambio de información porque exige que el estado requirente conozca ya la información que está requiriendo” El test propuesto para examinar la idoneidad del marco legal que promueve la OCDE para obtener información útil para luchar contra la evasión fiscal, proporciona una valoración negativa del estándar de transparencia puesto que Suiza, escudándose en ese estándar, rechazaría la solicitud de España para conocer la identidad de los contribuyentes españoles titulares de cuentas en Suiza en la UBS, en el CREDIT SUISSE y en el HSBC. O, al menos, abriría un debate arduo y prolongado en el tiempo en el que Suiza argumentaría probablemente que: Primero, España debería facilitar el nombre de los contribuyentes con cuentas en esos bancos porque el estándar exige que los requerimientos se giren respecto a ciudadanos concretos. Como España lo que pretende es precisamente conocer la identidad de esas personas, la condición no puede cumplirse. Segundo, sería cuestionable que el hecho de tener una cuenta en CREDIT SUISSE , la UBS o el HSBC fuera “previsiblemente relevante” para aplicar las leyes tributarias españolas, aunque se hayan abierto procedimientos penales contra empleados del CREDIT SUISSE y de la UBS por haber comercializado cuentas en Suiza de esos bancos que se han utilizado para defraudar al fisco americano, que se hayan abierto una multitud de procedimientos penales contra clientes de los tres bancos por utilizar las cuentas suizas y que la UBS haya tenido que pagar una multa de 650 millones de dólares al Tesoro estadounidense por cooperar en la defraudación fiscal de sus clientes. Tercero, muy probablemente invocaría el concepto de “expedición de pesca”, de acuerdo con sus dos primeros argumentos, para negarse a facilitar la información que se le pudiera requerir al respecto. 2.1.2.5 El intercambio automático de información es el estándar de transparencia necesario. La solución para lograr el estándar de transparencia requerido para lograr la efectividad de los sistemas tributarios con los que se han dotado los países es el intercambio automático o rutinario de información. ¿Qué se entiende por intercambio automático de información? La OCDE 8 define el intercambio automático o rutinario como: “la transmisión sistemática y periódica de información masiva de contribuyentes por el país de la fuente al país de residencia relativa a varias categorías de renta (dividendos, intereses, royalties, salarios, pensiones etc.). Esta información es obtenida periódicamente en el país de la fuente (generalmente por medio del suministro de información respecto a los pagos efectuados por quien satisface el rendimiento (instituciones financieras, empresarios,) …”. “……..La autoridad fiscal del país de residencia puede entonces chequear en sus archivos fiscales si los contribuyentes residentes han declarado su renta de fuente extranjera….” La valoración de la propia OCDE. El informe de marzo de 2000 de la OCDE titulado “Mejorando el Acceso a la Información Bancaria a Efectos Fiscales” señala que el suministro de información rutinario o automático puede servir también para incrementar el cumplimiento voluntario. Si los contribuyentes, dice el informe, saben que sus bancos tienen que facilitar información sobre sus rentas a las autoridades fiscales, cumplimentarán probablemente sus declaraciones tributarias con más fiabilidad respecto a este tipo de rentas. La opinión de Joseph Stiglitz. Por su parte, la Comisión de Expertos de las Naciones Unidas para la Reforma del Sistema Financiero y Monetario Internacional presidida por Joseph Stiglitz, destacaba en el párrafo 41 de su informe de 19 de marzo de 2009 la estrecha relación entre regulatory arbitrage y evasión fiscal y recomendaba en el párrafo 79 el intercambio automático de información fiscal. La Comisión presidida por Stiglitz argumentaba esta propuesta señalando que: “la efectiva articulación de sistemas tributarios nacionales forman parte crucial del desarrollo de la financiación interior. Deben de adoptarse medidas que preserven la autonomía de los estados para seleccionar las fuentes y métodos de financiación de los gobiernos, asegurando al mismo tiempo que las diferencias entre tales sistemas no crean incentivos para que los contribuyentes evadan sus responsabilidades a la hora de soportar las políticas gubernamentales. Un método eficiente para lograr este resultado es la aceptación por todos los países de una enmienda al artículo 26 de Modelo de Convenio de las Naciones Unidas para evitar la doble imposición para hacer el intercambio de información automático”. El criterio del Parlamento británico. El Parlamento del Reino Unido ha aceptado un anteproyecto relativo a Multas, Renta Offshore (Designación de territorios) Orden 2011 en virtud del cual trata de adoptar medidas contundentes contra los contribuyentes británicos que mantengan activos offshore. El anteproyecto deja claro que el Reino Unido considera el intercambio automático de información más efectivo que el que resulta de requerimientos específicos y consagran los Acuerdos de Intercambio de Información de la OCDE. Y ello es así porque se basa en un sistema de clasificación de las jurisdicciones para determinar las sanciones a los evasores y el Gobierno que utiliza como criterio la existencia de acuerdos de intercambio de información y si éstos establecen el intercambio automático de información respecto a rentas del ahorro. De esta forma las multas son 1.5 veces más altas para aquellos que esconden renta gravable en jurisdicciones donde se comparte información en virtud de requerimientos específicos que para los que la esconden en jurisdicciones facilitan información automáticamente. Algunas experiencias en marcha. La Directiva sobre Fiscalidad del Ahorro. Existen abundantes ejemplos de intercambio rutinario de información que países o grupos de países han puesto ya en práctica. El primero de ellos es el que tiene lugar de acuerdo con la Directiva sobre la Fiscalidad del Ahorro 2003/48/EC en virtud de la cual se trata de hacer posible que las rentas del ahorro en forma de intereses satisfechos en un Estado miembro a personas físicas residentes en otro Estado miembro sean sometidas a gravamen efectivo de acuerdo con las leyes de este último Estado. La Directiva, en su redacción inicial, limita su aplicación, en cuanto a los perceptores, a las personas físicas, y en lo que se refiere a la naturaleza de las rentas, exclusivamente a los intereses de depósitos. En 2008 se ha publicado una propuesta de modificación de la Directiva COM/2008/727 en orden a ampliar su ámbito de aplicación para tratar de combatir las maniobras observadas para eludir sus previsiones, al utilizarse entidades en sustitución de las personas físicas para titularizar los depósitos y sustituir los depósitos por productos estructurados sustancialmente equivalentes. En cuanto al ámbito geográfico de aplicación, la Directiva incluye, además de a los estados miembros, a las 10 Dependencias o territorios asociados a los mismos, así como a Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Suiza. La Directiva ha contemplado un período transitorio durante el cual Bélgica, Austria y Luxemburgo pueden practicar una retención, que el 1 de julio de 2011 llega al 35 %, como alternativa a la de la suministrar al estado competente la identidad del perceptor del interés y los intereses percibidos. Esa posibilidad se ha ofrecido también a 11 de las otras 15 jurisdicciones que se han adherido a los principios de la Directiva, entre ellas, Suiza. El régimen transitorio al que se han acogido Bélgica, Austria y Luxemburgo habría de durar hasta que Suiza, Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino acordaran celebrar Acuerdos de Intercambio de Información con los estados miembros de la Unión incluyendo el standard de transparencia que actualmente promueve la OCDE, es decir, intercambio de información previo requerimiento y para un contribuyente identificado. En el momento de escribir estas líneas se han detectado reticencias de Luxemburgo y Austria a renunciar al régimen transitorio pues entienden que no estarían en igualdad de condiciones con las jurisdicciones a las que se permite mantener el régimen de retención y anonimato ya que el estándar OCDE es significativamente más limitado que el intercambio rutinario o automático que establece el régimen general de la Directiva. En definitiva el sistema que establece la Directiva sobre la Fiscalidad del Ahorro constituye una experiencia inicial y útil en orden a implantar un mecanismo de intercambio automático o rutinario de información, que ha de completarse extendiéndolo a la totalidad de las rentas y ganancias del capital y a todos los países y suprimiendo el régimen especial de retención y anonimato, que aprovecha Suiza. Además, una multiplicidad de países, en base a Convenios bilaterales y multilaterales, están ya intercambiando información de forma automática9. El intercambio automático de información no es difícil técnicamente de implantar. El que los países en vías de desarrollo carecen de capacidad técnica para implementar mecanismos de intercambio automático de información, tal como en alguna ocasión ha argumentado la OCDE, no parece que pueda oponerse considerando que, por ejemplo, la mayor parte de estos países tienen ya controles fronterizos de personas muy eficaces que implican comunicaciones automáticas a los archivos de INTERPOL. Al mismo tiempo la propia OCDE ha desarrollado standards para la transmisión electrónica de información adecuados para el intercambio automático de información ya desde 1992. La última versión del formato de transmisión electrónica se halla disponible desde 2005 y se denomina STF (Standard Transmision Format). En la actualidad es ampliamente utilizado y se basa en un lenguaje común Web XML. Incluso una simple hoja Excel serviría para transmitir la información necesaria. El intercambio automático de información sí cumple el test de suficiencia. Si Suiza hubiera aceptado el estándar requerido de transparencia y hubiera facilitado periódicamente la identidad de los titulares o beneficiarios efectivos de las cuentas abiertas en Suiza en el Credit Suisse, en la Unión de Bancos Suizos o en HSBC Credit Bank Suisse, es evidente que el dinero procedente de la evasión fiscal y el crimen no se habría refugiado, en la proporción que parece que lo ha hecho, en esas cuentas. Fórmulas jurídicas para implantar el estándar de transparencia fundamentado en el intercambio automático de información. Las iniciativas jurídicas que las Naciones Unidas, el G-20, la OCDE y la Unión Europea pueden adoptar para hacer efectivo el stándard requerido son las siguientes: Incorporar al Modelo de Acuerdo de Intercambio de Información que promueve la OCDE el intercambio automático de información como uno de los ejes centrales en los que ha de basarse. Promover que los Convenios suscritos y que se suscriban de acuerdo con los Modelos de la OCDE y de las Naciones Unidas para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal incluyan la cláusula del intercambio automático de información. Impulsar que todos los estados y jurisdicciones suscriban el Convenio sobre Asistencia Mutua Administrativa en Materia Fiscal incluida la cláusula para el intercambio automático de información.10 Modificar la Directiva sobre Fiscalidad del Ahorro, suprimiendo el régimen excepcional de retención y anonimato, extendiendo la materia gravable a la totalidad de los rendimientos y ganancias del capital cualesquiera que sea su naturaleza. e incluyendo entre los perceptores a las personas jurídicas. Procurar que todos los Estados y jurisdicciones se adhieran al régimen de intercambio automático de información que resulte de la nueva Directiva de Fiscalidad del Ahorro. Fundamentar la calificación de los países, jurisdicciones y plazas financieras como cooperativas o no, como paraísos fiscales o no, en función de si han arbitrado efectivamente las medidas necesarias para intercambiar de forma automática y rutinaria información tributaria con el resto de los países. Iniciativas en la dirección equivocada. Los acuerdos de Alemania y el Reino Unido con Suiza de agosto de 2011. El día 10 de agosto último Alemania y Suiza han llegado a un acuerdo sobre el contenido de un Convenio en materia fiscal que establece cómo gravar los capitales que los ciudadanos alemanes tienen escondidos en cuentas secretas en Suiza. Se estima que los ciudadanos alemanes tienen ocultos 150.000 millones de francos suizos en cuentas secretas en Suiza. El acuerdo incluye dos aspectos principales: un impuesto a pagar sobre los activos no declarados en el pasado y una retención fiscal sobre las rentas del capital que se perciban en el futuro generadas por tales activos. En ambos casos, los impuestos serán obtenidos y transferidos a Alemania anónimamente, sin que se conozca el nombre de los dueños de los capitales gravados. Los impuestos son considerados “finales”. Esto es, los titulares de los fondos no tendrán que declararlos a las autoridades fiscales alemanas. Pueden permanecer ocultos. El tipo de gravamen que se prevé aplicar para compensar los impuestos defraudados en el pasado oscilará entre el 19% y el 34%, dependiendo del importe de los activos ocultos y el tiempo que han permanecido escondidos. Para impulsar el proceso de regularización los bancos suizos deberán abonar por adelantado al fisco alemán 2.000 millones de francos suizos, que les serán reembolsados a medida que los titulares de los capitales escondidos paguen el impuesto de regularización. El tipo al que se aplicará la retención sobre los rendimientos en el futuro será del 26.4%, equivalente al que se aplica en Alemania a los rendimientos del capital. El acuerdo permite que el fisco alemán pueda formular hasta 1000 requerimientos en el plazo de 2 años respecto a contribuyentes alemanes con respecto a los que tenga sólidas evidencias de haber cometido fraude fiscal sin necesidad de que se sepa cuáles son las entidades bancarias suizas donde tienen escondidos sus capitales y siempre excluyendo la posibilidad de que pueda plantearse una “expedición de pesca”. Además, establece que las autoridades suizas no perseguirán penalmente a los empleados de bancos de ese país que han vendido información bancaria a las autoridades fiscales alemanas y éstas, a su vez, se comprometen a no comprar datos de esta naturaleza en el futuro. Por fin, del acuerdo se deriva que Alemania se compromete a no perseguir penalmente en el futuro, bajo determinadas condiciones, a empleados de bancos suizos por haber ayudado a defraudar a contribuyentes alemanes. El Reino Unido ha estado negociando con Suiza un acuerdo de similares características que ha parece haber sido ultimado el 25 de agosto último. Acuerdos de esta naturaleza suscitan las siguientes reflexiones: Al aplicar una retención en la fuente sobre las rentas del capital sin comunicar la identidad del perceptor, el acuerdo permite a Suiza preservar el anonimato del cliente y consolidar el secreto bancario. El acuerdo constituye la mayor amenaza que recae sobre la lucha unitaria de la Unión Europea para conseguir el standard exigible de transparencia: el intercambio automático de información. Conviene recordar que el estricto secreto es lo que ha ayudado a Suiza a construir un sector financiero offshore que gestiona activos de titularidad anónima por valor de 2 billones de dólares. El acuerdo llega después de un incidente diplomático entre ambos países cuando el anterior Ministro alemán de Finanzas, Peer Streinbrueck, dijo que los suizos eran como los indios huyendo de la caballería como consecuencia de su actitud frente a la evasión fiscal. Y después de que las autoridades fiscales hayan registrado oficinas del CREDIT SUISSE en la ciudad alemana de Duesseldorf y hayan manifestado recientemente que estaban intensificando su investigación respecto a ese banco por evasión fiscal. La ausencia de información sobre la identidad de los titulares supondría que Alemania y Francia van a consagrar una vía de escape a la defraudación cometida en sus territorios origen de los recursos que van a permanecer ocultos en Suiza. Los evasores van a soportar una retención sobre los rendimientos de sus cuentas opacas pero van a tener un refugio donde ocultar los ingresos no declarados en Alemania favoreciendo el mantenimiento de circuitos financieros clandestinos por los que circulan las rentas no declaradas cuyos excedentes se acabarán escondiendo en Suiza. Ello supone que el fisco alemán no va disponer de indicios de la comisión de los fraudes fiscales cometidos en Alemania ocultando o ennegreciendo una parte de la actividad económica que se desarrolla en ese país con impacto en una multiplicidad de tributos: Impuesto sobre Sociedades, IVA, Retenciones no practicadas a los trabajadores, cuotas de la Seguridad Social impagadas sobre horas de trabajo no declaradas…. El fisco alemán está renunciando a conocer datos que permitirían iniciar investigaciones sobre empresarios y profesionales que, al disponer de fondos secretos en otro país, son fuertemente sospechosos de participar en la gangrena de la economía sumergida donde al coste de los impuestos propios evadidos hay que añadir su participación y colaboración en los fraudes que cometen los terceros con los que se relacionan fuera del control fiscal. Ello implica que las autoridades alemanas van a dejar impunes de hecho los delitos de blanqueo de capitales que los defraudadores alemanes cometerán al blanquear los fondos originados en la comisión de delitos fiscales invirtiéndolos como si fueran legales a nombre de sociedades de estantería en el país alpino. Y quizá aún más grave, las autoridades alemanas aceptan dejar de conocer los hechos que pueden evidenciar que se han cometido otros delitos como la corrupción de funcionarios públicos, estafas, insolvencias punibles, etc. Desde luego no parece que Suiza se haya distinguido precisamente, en la comunicación a las autoridades competentes de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. Pero es que, además, estos acuerdos rompen una estrategia multilateral laboriosamente articulada por la comunidad internacional contra la evasión fiscal y el secreto bancario que ha de plasmarse en la implantación del intercambio automático de información. ¿En qué situación quedarán los países en vías de desarrollo para recuperar las cantidades tan frecuentemente desviadas por dirigentes corruptos hacia paraísos fiscales, hacia Suiza? ¿Es posible creer que Nigeria o Nicaragua o Chile o Haití o Venezuela o Méjico tienen suficiente fuerza para lograr con Suiza un acuerdo, aunque sea tan pírrico, como al que parece han llegado Alemania e Inglaterra? Los Estados Unidos de América han rechazado considerar siquiera tal posibilidad y han señalado cuál es el camino a seguir en la lucha contra los paraísos fiscales. Es evidente que una acción penal eficaz, como la que viene desarrollando el IRS y el Departamento de Justicia de los US respecto a la actividad criminal de los dos primeros bancos suizos reporta mejores resultados tanto desde el punto de vista de la justicia como del estrictamente recaudatorio. Ha sido la imputación criminal de algunos directivos de la UBS por su responsabilidad en esos hechos, la que ha permitido una presión suficientemente potente sobre Suiza para que se aviniera a facilitar la identidad de 4.450 americanos titulares de cuentas secretas en ese país. Ha sido la acción inteligente y decidida del Fisco americano en la lucha contra el crimen la que ha forzado a Suiza a prescindir de su sacrosanto secreto bancario facilitando información más allá del standard promovido actualmente por la OCDE. Ha sido USA los que han logrado obtener información de los suizos más allá de requerimientos específicos sobre personas que ya se sabe de antemano que han delinquido. El pago de 650 millones de dólares por un solo banco suizo, la UBS, a USA como anticipo a cuenta de sus responsabilidades por haber vendido cuentas secretas a los contribuyentes estadounidenses, o el ingreso 200 millones de euros efectuado en la Agencia Tributaria española por una familia para regularizar sus cuentas en Suiza pone de manifiesto lo ridículamente bajas que son las cantidades que la banca suiza ha acordado pagar a cuenta de las responsabilidades fiscales contraídas por sus clientes británicos y alemanes en sus respectivos países para perpetuar el secreto. El caso particular de Suiza. Suiza ha incorporado a sistema jurídico, como valor constitucionalmente protegido, el secreto bancario. Existen indicios de que Suiza ha construido una industria financiera offshore potentísima fundamentada en el constitucionalmente configurado secreto bancario. En un artículo fechado el 10 de agosto de 2011 publicado en http://uk.reuters.com firmado por Catherine Bosley y Sarah Marsh se cifra en 2 billones de dólares los capitales gestionados por tal industria. Ese mismo artículo estimaba en 150.000 millones de francos suizos el importe de lo que los alemanes ocultan en cuentas suizas. Estados Unidos y Alemania vienen desarrollando investigaciones criminales respecto a los dos bancos suizos más importantes, la UBS y el CREDIT SUISSE, por haber facilitado la evasión fiscal de contribuyentes de esos países. El Senador de los estados Unidos Carl Levin ha cifrado en 20.000 millones de dólares los capitales ocultados por estadounidenses en la UBS en el período 2000-2007. Una familia española ha ingresado en el Tesoro español 200 millones de euros para regularizar las responsabilidades fiscales derivadas de haber ocultado fondos en Suiza, en concreto, en la filial Suiza de banca privada del HSBC. Suiza mantiene como valor constitucional el secreto bancario, y en él se escuda para no suscribir en su integridad la Directiva de Fiscalidad del Ahorro y para dificultar o impedir la investigación criminal desarrollada por USA respecto a los evasores estadounidenses con fondos en la UBS. Suiza ha manifestado que no va a facilitar información a España sobre las cuentas de contribuyentes españoles en el HSBC de Suiza alegando que la investigación se ha iniciado con información que un empleados del banco ha utilizado de forma ilegítima. La OCDE, de acuerdo con la recomendación del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información a Efectos Fiscales no considera en estos momentos como país no cooperativo a Suiza puesto que ha suscrito más de 12 Acuerdos de Intercambio de Información o Tratados fiscales en los que se incluye el estándar de transparencia OCDE, esto es, su compromiso para facilitar información sobre un determinado contribuyente, siempre que éste esté perfectamente identificado y se acredite suficientemente que la información requerida es previsiblemente relevante para la aplicación del sistema tributario del país requirente. Pero en la revisión que ha efectuado el Foro sobre la Transparencia del marco legal de Suiza que ha de hacer posible el cumplimiento del compromiso y cuyo resultado se ha publicado el 1 de junio de 2011, resulta que se han detectado insuficiencias de un cierto calado que han merecido las consiguientes observaciones del Foro: Los instrumentos y mecanismos para identificar a los titulares de acciones emitidas al portador por sociedades suizas no están operativos de forma sistemática para la totalidad de los casos. Los establecimientos permanentes en Suiza de Compañías extranjeras no están obligados registralmente a identificar a sus propietarios. Todavía existen libretas de ahorro al portador respecto a las que no se sabe quiénes son los titulares. El número de acuerdos y tratados suscritos por Suiza de acuerdo con el estándar OCDE es limitado. El Foro va a revisar en el segundo semestre de 2012 si Suiza atiende adecuadamente los requerimientos que giren los estados con los que ha suscrito acuerdos de intercambio información. A la vista de los antecedentes referidos caben las siguientes reflexiones. La industria financiera offshore Suiza está obteniendo ingentes beneficios favoreciendo el fraude fiscal cometido en terceros países. Los dos principales bancos de ese país se hallan envueltos en investigaciones penales por ese motivo. Suiza ha manifestado que no va a facilitar la información cuentas de ciudadanos españoles en el HSBC suizo que resultaría necesaria para investigar los delitos que han sido denunciados. El estándar de transparencia actualmente impulsado por la OCDE es insuficiente para evitar el expolio de los sistemas tributarios y no sirve para detener el fraude fiscal masivo cometido con la cobertura del secreto bancario suizo. Suiza ni siquiera cumple adecuadamente el standard de transparencia actual La Comunidad internacional no puede permitir que un país con un código constitucional de conducta indigno forme parte de esa Comunidad.. 2.1.3 LOS GRUPOS MULTINACIONALES Y LOS PARAÍSOS FISCALES. El que las Compañías multinacionales suelan utilizar sus filiales constituidas en paraísos fiscales para trasladar artificialmente las bases imponibles generadas en los países donde realmente operan, que finalmente quedan sin gravamen o con uno mucho menor de lo que les correspondería, -income-shifting- constituye el segundo de los mecanismos extendidamente utilizados para el expolio de las finanzas públicas de los Estados. Algunos ejemplos pueden ilustrar la naturaleza de este tipo de maniobras: India ha recibido la mitad de su inversión extranjera de las Islas Mauricio. El mayor importador de plátanos de en la Unión Europea es la Isla de Jersey. Las principales compañías de seguros cautivas de los grupos multinacionales se hallan establecidas en Bermudas y en las Islas Cayman. A este respecto, el informe elaborado el 18 de diciembre de 2008 por The Goverment Accountability Office de los Estados Unidos - GAO en sus siglas en inglés- “Grandes Corporaciones y Contratistas estadounidenses con filiales radicadas en paraísos fiscales y otras jurisdicciones no transparentes” revela que 83 de las 100 empresas más importantes de ese país tienen estructuras en paraísos fiscales. De acuerdo con la nota publicada el 13 de abril de 2011 por “Business and Investors Against Tax haven Abuse” , durante el período comprendido entre 2008 y 2010, la Corporación Boeing tuvo unos beneficios totales antes de impuestos de 9.700 millones de dólares pero no pagó ni diez centavos de Impuestos Federales. La Corporación Boeing tiene 38 filiales en paraísos fiscales. A finales de 20 de febrero de 2011 el gobierno de los Estados Unidos adjudicó a Boeing un contrato para construir aviones por valor de 35.000 millones de dólares. El remedio para este tipo de abusos pasa por dotar de la mayor transparencia y detalle posible a los estados contables elaborados por las compañías multinacionales. Para ello el G-20 debe de urgir al International Accounting Standards Board y al Financial Accounting Standards Board para que culminen la tarea que les fue encomendada en la reunión del G-20 celebrada en junio de 2010 en Bosan, Corea para que elaboren un estándar contable global11. En este contexto el G-20 debe de acordar que se exija a los grupos multinacionales la rendición de un informe financiero por cada uno de los países en los que operan sus filiales en el que han de incluirse los datos siguientes.: La razón social de las compañías que operan en cada país. Los detalles de sus resultados financieros, incluyendo: Las ventas intragrupo y a terceros países Las compras intragrupo y a terceros países. Los costes laborales y el número de empleados en cada país. Los costes financieros distinguiendo los pagados a empresas del grupo y a terceros. El beneficio antes de impuestos. Los impuestos satisfechos en el país en cuestión. El detalle del coste y del valor neto contable del inmovilizado material situado en el país del que se trate. El valor de los activos que el grupo posee en la jurisdicción. En definitiva se trata de disponer de información suficiente y homogénea que permita evaluar la congruencia de las bases imponibles declaradas en cada país por los grupos multinacionales con la estructura de la que disponen y actividad económica que desarrollan en cada uno de esos países. 2.1.4 MEDIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS PARAÍSOS FISCALES. Las iniciativas para la eliminación de los paraísos fiscales deben de tener carácter multilateral y adoptarse mediante acuerdos del G-20 que serán desarrollados y verificados por las Naciones Unidas y su Comité de Expertos en Cooperación Internacional sobre Asuntos Fiscales y por la OCDE y su Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información a Efectos Fiscales. Los acuerdos del G-20, desarrollados y verificados por la ONU y la OCDE, se plasmarán en las correspondientes decisiones legislativas y administrativas que habrán de adoptar la Unión Europea y cada uno de los Estados, jurisdicciones y territorios del mundo. La próxima reunión del G-20 los días 3 y 4 de noviembre de 2011 en Cannes, en Francia, constituye el foro adecuado para que se adopten las medidas que a continuación se refieren idóneas para terminar con los paraísos fiscales. PRIMERA MEDIDA. EL G-20 HA DE PROCLAMAR LA PLENA VIGENCIA DE SU DECLARACIÓN DE ABRIL DE 2009: LA ERA DEL SECRETO BANCARIO HA TERMINADO. Justificación de la medida. La eliminación del secreto bancario para la correcta aplicación de los sistemas tributarios y la investigación de los delitos supone la desaparición de las conductas que han dado lugar a considerar a los estados y jurisdicciones como paraísos fiscales. Articulación de la medida. El G-20 ha de ratificar su compromiso con esta iniciativa y proclamarlo así en la declaración que emita a raíz de su reunión en Cannes el próximo mes de noviembre. La puesta en marcha de esta acción estratégica ha de lograrse a través de las medidas que se enuncian a continuación. SEGUNDA MEDIDA. EL INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN HA DE SER EL STANDARD DE TRANSPARENCIA A PROMOVER POR EL G-20, LAS NACIONES UNIDAS Y LA OCDE. Descripción de la medida. Todos los Estados que quieran formar parte de la comunidad internacional han de comprometerse a facilitar anualmente a los demás Estados la identidad de los clientes de sus bancos y demás Instituciones financieras, incluidos los hedge funds, que sean residentes en esos otros Estados. Justificación de la medida. La única forma de combatir y evitar en el futuro la conducta de quienes ofrecen cuentas secretas y productos financieros opacos para situar dinero procedente de la evasión fiscal y el crimen es acabar con ese reclamo comercial. Ello se logra a partir del compromiso de todos los Estados y plazas financieras a facilitar de forma rutinaria y automática la identidad y números de cuentas de los ciudadanos de otros países para que las Agencias Tributarias competentes puedan cruzar esa información con el contenido de las declaraciones tributarias presentadas por los titulares y beneficiarios para verificar si están declaradas o no. Parece evidente que los defraudadores ahora perseguidos penalmente por esconder en cuentas secretas abiertas en Suiza en el HSBC, en la UNIÓN DE BANCOS SUIZOS o en el CREDIT SUISSE los fondos producto de la evasión fiscal cometida en España, Estados Unidos o Alemania no habrían abierto tales cuentas y les resultaría mucho más difícil lograr la impunidad de sus insolidarias conductas si supieran que Suiza iba a facilitar su identidad a sus Estados de residencia. Articulación de la medida. El G-20 ha de proclamar en la declaración que formule a raíz de su reunión en Cannes en noviembre de 2011 que el estándar de transparencia necesario para acabar con los paraísos fiscales es el intercambio automático de información. En tal declaración ha de constar el encargo a la Organización de las Naciones Unidas, a la OCDE y a la Unión Europea para que en el plazo de 6 meses se ejecuten las siguientes acciones concretas: Incorporar al Modelo de Acuerdo de Intercambio de Información que promueve la OCDE el intercambio automático de información como uno de los ejes centrales en los que ha de basarse. Los Convenios suscritos y que se suscriban de acuerdo con los Modelos de la OCDE y de las Naciones Unidas para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal han de incluir la cláusula del intercambio automático de información. Todos los estados y jurisdicciones han de suscriban el Convenio sobre Asistencia Mutua Administrativa en Materia Fiscal incluída la cláusula para el intercambio automático de información. Modificar la Directiva de la Unión Europea sobre Fiscalidad del Ahorro, suprimiendo el régimen excepcional de retención y anonimato, extendiendo la materia gravable a la totalidad de los rendimientos y ganancias del capital cualesquiera que sea su naturaleza. e incluyendo entre los perceptores a las personas jurídicas. Todos los Estados y jurisdicciones han de adherirse al régimen de intercambio automático de información que resulte de la nueva Directiva de Fiscalidad del Ahorro. Fundamentar la calificación de los países, jurisdicciones y plazas financieras como cooperativas o no, como paraísos fiscales o no, en función de si han arbitrado efectivamente las medidas necesarias para intercambiar de forma automática y rutinaria información tributaria con el resto de los países. TERCERA MEDIDA. EL G-20 HA DE URGIR A SUIZA PARA QUE ATIENDA YA LOS REQUERIMIENTOS DE LA JUSTICIA Y DE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS RESPECTO A LA UNIÓN DE BANCOS SUIZOS, EL CREDIT SUISSE Y EL HSBC. Descripción de la medida. El G-20, en la declaración a formular a raíz de la reunión del 2 y 3 de noviembre de 2011, ha de solicitar a Suiza que atienda los requerimientos que le hayan formulado o le formulen las Autoridades judiciales o tributarias de Estados Unidos, Alemania, Italia y España o de terceros países para identificar y conocer el importe de los fondos que los ciudadanos de esos estados han escondido en la UBS, el CREDIT SUISSE y el HSBC de Suiza. Justificación de la medida. Suiza tiene incorporado a su Ley de leyes el secreto bancario como un valor constitucionalmente consagrado. El secreto bancario no puede ser un valor absoluto, sin excepciones, como en otros ordenamientos los son la libertad y la democracia. El secreto bancario constitucionalmente protegido por Suiza no puede servir al blanqueo de capitales y a la impunidad de los delitos cometidos en otros países, empezando por los delitos fiscales. Es inaceptable que el secreto bancario no ceda cuando las Autoridades legítimas actúan para aplicar los Sistemas Tributarios o para investigar los delitos, tal como establece el artículo 8 del Tratado de Derechos Humanos. Estados Unidos, Alemania, Italia y España vienen investigando penalmente las conductas de quienes han evadido impuestos con la colaboración de la UNIÓN DE BANCOS SUIZOS, el CREDIT SUISSE y la filial suiza del HSBC. Existen indicios significativos de que la razón de abrir cuentas en esos tres bancos ha sido la de conseguir la impunidad de la evasión fiscal cometida en el país de residencia de sus titulares. La imputación penal de empleados y directivos, hasta el momento, de la UBS y del CREDIT SUISSE así lo acredita. Estos hechos han de entenderse como prueba suficiente de que la información requerida es previsiblemente relevante para la aplicación de los sistemas tributarios de los países de residencia de los titulares y de que la razón de tener una cuenta abierta en Suiza en alguno de esos tres bancos es la evasión fiscal en el país de residencia. En ningún caso Suiza puede argumentar, de buena fe, que tales requerimientos constituyen “expediciones de pesca”. Por lo tanto hay buenas razones para afirmar que los requerimientos cuyo cumplimiento ha de exigir el G-20 en Cannes, gozan de la cobertura, pese a sus insuficiencias, del estándar de transparencia internacionalmente acordado en materia de intercambio de información fiscal actualmente vigente. El G-20 ha de enviar un gesto inequívoco de la seriedad y sinceridad de su compromiso por la transparencia y la justicia tributaria, contra los paraísos fiscales y la impunidad. Articulación de la medida. Y ese gesto ha de ser conminar, ahora, a Suiza, en la declaración a realizar por el G-20 en Cannes en noviembre de 2011, para que colabore, ya, con la Justicia y las Administraciones Tributarias de los países que investigan las conductas cómplices de la UNIÓN DE BANCOS SUIZOS, el CREDIT SUISSE y la filial suiza del HSBC con el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. El G-20 ha de advertir a Suiza que de no atender tales requerimientos será considerado un estado indigno de formar parte de la comunidad internacional y será incluido en la lista negra de los países no cooperantes y de los paraísos fiscales. CUARTA MEDIDA. EL G-20 HA DE EMPLAZAR A TODOS LOS ESTADOS PARA QUE REQUIERAN LA IDENTIDAD DE LOS CLIENTES CON CUENTAS EN LAS MATRICES, FILIALES O SUCURSALES EN EL EXTRANJERO DE LOS BANCOS QUE OPERAN EN SU TERRITORIO. Descripción de la medida Los estados establecerán la obligación de que sus bancos nacionales, o que operan en su territorio, que dispongan de filiales o sucursales en el extranjero, o cuya matriz se halle fuera, informen anualmente de las cuentas de las que sean titulares y de las operaciones realizadas por sus residentes en aquellas filiales, sucursales o matrices en el extranjero. Justificación de la medida. La experiencia desarrollada por el Reino Unido e Irlanda y la conocida por España en el caso del BBVA en Jersey indica que los bancos han venido ofreciendo a sus clientes de banca privada cuentas en el extranjero con el atractivo de que no iban a ser conocidas por las respectivas Agencias Tributarias. La medida probablemente privaría, también, de argumentos a quienes pudieran advertir en las medidas anteriores actuaciones sesgadas en contra del interés de determinados países. Articulación de la medida. El G-20 ha de emplazar a todos los estados en la declaración que formule a raíz de su reunión en Cannes en noviembre de 2011para que establezcan una obligación para los bancos que operan en su territorio de informar de las cuentas y operaciones realizadas por sus clientes en sus oficinas en el extranjero. La obligación de información entrará en vigor en 2012. El mensaje inequívoco por la transparencia ha de completarse con el compromiso de todos los estados para girar un requerimiento a sus bancos para conocer las cuentas que con anterioridad a 2012 han dispuesto sus clientes en las oficinas en el extranjero. QUINTA MEDIDA. EL G-20 HA DE EMPLAZAR AL REINO UNIDO Y ALEMANIA PARA QUE RECONSIDEREN LOS ACUERDOS CON SUIZA DE AGOSTO DE 2011 QUE PERPETÚAN EL SECRETO BANCARIO. Descripción de la medida. El G-20 ha de emplazar al Reino Unido y a Alemania para que reconsideren los acuerdos con Suiza de agosto de 2011 para percibir determinadas percepciones tributarias sobre los capitales y sus rendimientos situados anónimamente en Suiza por alemanes y británicos a cambio de mantener su anonimato y preservar el secreto bancario sin las excepciones previstas en el Tratado de Derechos Humanos. Justificación de la medida. Las tres primeras medidas por la transparencia y contra las jurisdicciones secretas que acordará el G-20 en la reunión del 3 y el 4 de noviembre en Cannes constituyen buenas razones para que Alemania y el Reino Unido desistan de sus acuerdos con Suiza. Las medidas referidas permitirán a Alemania y al Reino Unido gravar de forma completa los capitales y rendimientos que sus ciudadanos han ocultado en Suiza. También permitirán evitar la impunidad para la evasión fiscal y demás crímenes cometidos en Alemania y el Reino Unido lograda al ocultar el producto de esos delitos en Suiza. Articulación de la medida. La medida se articulará explicando a los representantes alemanes y británicos el contenido de la Agenda de la reunión de Cannes del G-20. SEXTA MEDIDA. EL G-20 DEBE DE ACORDAR QUE SE EXIJA A LOS GRUPOS MULTINACIONALES LA RENDICIÓN ANUAL DE UN INFORME FINANCIERO POR CADA UNO DE LOS PAÍSES EN LOS QUE OPERAN SUS FILIALES. Descripción de la medida. El G-20 debe de acordar en su reunión de Cannes que se exija a los grupos multinacionales la rendición de un informe financiero por cada uno de los países en los que operan sus filiales en el que han de incluirse los datos siguientes: La razón social de las compañías que operan en cada país. Los detalles de sus resultados financieros, incluyendo: Las ventas intragrupo y a terceros países Las compras intragrupo y a terceros países. Los costes laborales y el número de empleados en cada país. Los costes financieros distinguiendo los pagados a empresas del grupo y a terceros. El beneficio antes de impuestos. Los impuestos satisfechos en el país en cuestión. El detalle del coste y del valor neto contable del inmovilizado material situado en el país del que se trate. El valor de los activos que el grupo posee en la jurisdicción. Justificación de la medida. No es infrecuente que las Compañías multinacionales utilicen sus filiales constituidas en paraísos fiscales para trasladar artificialmente las bases imponibles generadas en los países donde realmente operan, que finalmente quedan sin gravamen o con uno mucho menor de lo que les correspondería, -income-shifting-. El remedio para este tipo de abusos pasa por dotar de la mayor transparencia y detalle posible a los estados contables elaborados por las compañías multinacionales. Se trata de disponer de información suficiente y homogénea que permita evaluar la congruencia de las bases imponibles declaradas en cada país por los grupos multinacionales con la estructura de la que disponen y actividad económica que desarrollan en cada uno de esos países. Articulación de la medida. Para ello el G-20 debe de urgir, en la declaración a formular a raíz de la reunión en Francia en noviembre, al International Accounting Standards Board y al Financial Accounting Standards Board para que culminen la tarea que les fue encomendada en la reunión celebrada en junio de 2010 en Bosan, Corea, para que elaboren un estándar contable global. Igualmente el G-20 ha de solicitar que, en el marco de esa tarea, el International Accounting Standards Board y el Financial Accounting Standards Board desarrollen el modelo de informe financiero que los grupos multinacionales han de rendir por cada país en el que operen. El G-20 declarará la obligatoriedad para los Grupos Multinacionales de rendir el informe financiero, país por país, para el ejercicio 2012. 2.2 MEDIDAS LEGISLATIVAS PARA POTENCIAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL. Las medidas legislativas a adoptar para incorporar herramientas útiles en la lucha contra el fraude fiscal. 2.2.1 Modificación de la Ley General Tributaria. Descripción de la modificación. Establecer una multa del 50% del saldo máximo dispuesto en una cuenta no declarada fiscalmente abierta en un país con el que España no tenga suscrito un Tratado, Convenio o Acuerdo que conlleve el intercambio automático de información. Justificación. Se trata de facilitar la sanción de conductas que, dada la peligrosidad de los medios utilizados en su comisión, su reproche no quede atenuado porque los capitales ocultados se hallan conformado en períodos que hayan ganado la prescripción. 2.2.2 Modificación del Código Penal. Descripción de la modificación. Elevar la pena máxima de privación de libertad por delito fiscal a seis años. Justificación de la modificación. El agravamiento de la pena cumple dos objetivos principales. El primero de ellos es aumentar el efecto disuasorio del reproche penal, facilitando la aplicación de penas efectivas de cárcel en los supuestos más graves. El segundo es la ampliación del plazo de prescripción de este tipo de delitos a los 10 años, que resulta automáticamente del agravamiento de la pena. La extrema dificultad que conlleva la investigación de delitos que en con frecuencia implican la utilización de paraísos fiscales aconseja una modificación de esta naturaleza. EL SISTEMA TRIBUTARIO.12 Fortalecer el Sistema Tributario asegurando recursos suficientes para garantizar el funcionamiento del Estado Social, garantizar la estabilidad financiera y recuperar los principios de capacidad económica, justicia, igualdad y progresividad aconsejaría desarrollar un conjunto de iniciativas cuya virtualidad y eficacia se lograría en mayor medida si fueran el resultado de decisiones compartidas con la Unión Europea y USA. Propuesta de modificación de la Constitución. Se propone incorporar el principio de suficiencia entre los que han de regir el sistema tributario y además añadir un inciso al apartado 1 de ese precepto que sirva para relacionar la característica que se demanda ahora del sistema tributario con el sostenimiento del Estado Social en que se constituye España. De esta forma el artículo 31.1 de la Constitución quedaría redactado de la siguiente forma: Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo basado en los principios de igualdad, progresividad y suficiencia, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. El sistema tributario será suficiente para garantizar el funcionamiento del Estado Social de Derecho.

Justificación de la propuesta. En orden a reequilibrar los contenidos originales de la Constitución, compensando el sesgo ideológico que resulta de la consagración constitucional del techo del déficit, resulta útil promover una modificación de la Ley de leyes que sirva para soportar jurídicamente políticas orientadas a lograr la estabilidad financiera, no recortando las políticas que conforman el Estado Social, sino allegando los recursos tributarios que sean suficientes para atender a su funcionamiento. En definitiva se trata de dejar constitucionalmente claro que el Sistema Tributario ha de configurarse como garantía del Estado Social. El artículo 1 de la Constitución establece que: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho….. Las características del Estado social se recogen en el Capítulo III De los principios rectores de la política económica y social del Título Primero: De los derechos y deberes fundamentales. El Sistema Tributario requiere la obtención con justicia de ingresos fiscales suficientes para preservar el Estado social, lograr la estabilidad financiera y desarrollar las políticas anticíclicas que la coyuntura requiera. El artículo 31 de la Constitución consagra el principio de justicia tributaria. Sin embargo no lo hace con el principio de suficiencia del sistema tributario para atender al sostenimiento de los gastos públicos. Si se consagra constitucionalmente un techo al déficit estructural, cuando ante una recesión se proponga reducir el gasto en educación o en sanidad, parece que será más fácil defender como política alternativa establecer un Impuesto sobre los depósitos bancarios o sobre las transacciones financieras, si también está constitucionalmente previsto que los ingresos tributarios han de ser suficientes para garantizar el funcionamiento del Estado social. Debería ser inconstitucional que ante una situación de recesión alguien decidiera recortar el gasto en educación y rechazara recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio argumentando que “más impuestos equivale a más paro”.

Modificaciones normativas para hacer efectivos los principios constitucionales de la imposición. Recuperar la progresividad en la tributación de las rentas del capital. Recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio, con un mínimo exento general de 1 millón de euros y de 6 millones respecto las llamadas empresas familiares.13 Recuperar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones aplicando las mismas exenciones que en el Impuesto sobre el Patrimonio. Establecer el Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Establecer un Impuesto sobre los beneficios financieros y el tamaño de los bancos. Suprimir las deducciones y desgravaciones del Impuesto sobre Sociedades. Establecer la Tasa sobre las Emisiones de Carbono.


Madrid, a 12 de septiembre de 2011